Ha sido sonora la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, consistente en un auto que resuelve sobre las medidas cautelares que han de regir durante la sustanciación del proceso emprendido por los hosteleros vascos contra el cierre decretado por el Gobierno de Euzkadi,a causa del coronavirus y su pandemia.
Y son innumerables los asuntos y materias que han tenido que verse en los juzgados y tribunales provocados, asociados o hermanados con el vil virus.
Repasamos algunos.
Muchos de los trabajadores que fueron a un ere o inicialmente a un erte, terminaron demandado sus despidos improcedentes; los arrendadores fueron de los primeros afectados viendo como sus inquilinos no podían hacer frente a la renta mensual, o siendo que sus inmuebles eran okupados; los bancos han continuado ejecutando los préstamos hipotecarios por falta de pago; los jueces han tenido que intervenir para decidir sí el confinamiento decretado mediante el estado de alarma era razón suficiente para incumplir el régimen de visitas de los padres divorciados; los sanitarios se sublevaron (con toda la razón) contra la Administración por falta de epis durante la primera ola de la pandemia; no son pocaslas multas y sanciones, provocadas por desplazamientos sin justificar que han ocasionado demandas judiciales; los delitos se han incrementado exponencialmente sobre todo aquellos derivados del incumplimiento requerido por los agentes, que han conllevado atentados y resistencias a la autoridad (es muy elevado el número de detenidosque al ser requeridos por la Policía por no llevar mascarilla, se han negado a ponerla); a causa del confinamiento han proliferado las estafas por medios electrónicos; se ha incrementado el número de hurtosalimentarios por razón de la dificultad para acceder a los mínimos; y así podríamos seguir varias páginas.
Los gobiernos del país y de las comunidades autónomas han adoptado medidas y exigido comportamientos a los ciudadanos que en ocasiones NO se han visto ratificados por los jueces y tribunales, que han terminado dando la razón a los ciudadanos.
En las Salas de Justicia se ven muchos de los efectos que la pandemia ha provocado y que los distintos gobiernos no han sabido contrarrestar, convirtiéndose aquéllas en la última ratiodel ciudadano,buscando el amparo que los poderes públicos le niegan.
Por causa del coronavirus el funcionamiento de la Justicia se ha agilizado: se ha fomentado la utilización de los trámites escritos, evitando la presencialidad allí en dónde es posible; se ha impulsado la utilización de videoconferencias para vistas y declaraciones; se ha incrementado el uso de todos los medios telemáticos posibles a fin de que las notificaciones sean más rápidas y eficaces; se redujo el periodo inhábil en agosto a 11 días en lugar de los 30 días como es habitual; se han abierto nuevos juzgados en diferentes secciones a fin de acoger el volumen de asuntos; entre otras medidas adoptadas.
Por causa del coronavirus el funcionamiento de la Administración se ha colapsado: los trámites burocráticos en las oficinas del Inem y del Inaem se han convertido en misión imposible; conseguir un simple certificado de empadronamiento en la ciudad de Zaragoza es mucho más difícil que antes de la pandemia, pues desde el estado de alarma se impuso un sistema de correo electrónico a fin de evitar la presencialidad, que NO FUNCIONA; las citas previas para acceder a cualquier instancia pública (AEAT, Seguridad Social, Tesoreria, etc…), han pulverizado toda posibilidad de agilidad necesaria ante la ingente necesidad demandada a causa del coronavirus.
Cualquier ciudadano que tenga la necesidad de relacionarse con la Administración será víctima del caos; y tendría que ser al contrario, pues ante una situación de catástrofe como la que vivimos, la Administración debería colocarse más cerca y accesible del ciudadano.
Nuestros políticos han perdido la oportunidad de demostrar a la ciudadanía cual es su importancia a la hora de gestionar, organizar y estructurar nuestra sociedad. No saben administrar adecuadamente y su enorme incompetencia la pagamos todos, todos sin excepción.
Marta Lázaro Oliván – Abogada