Más de 200 interinos aragoneses en fraude de ley por abuso de temporalidad han participado hoy en Madrid en la gran manifestación unitaria, convocada por todas las organizaciones nacionales. «Fijeza ya» para estos trabajadores y rechazo a los planes del ministro de Función Pública, Miquel Iceta, contrarios a la normativa y jurisprudencia europea, han sido los ejes centrales de esta movilización, que ha repetido el éxito de la celebrada el 15 de febrero de 2020.
Hasta Madrid han llegado interinos de toda España, también de las tres provincias aragonesas. En Aragón, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) y otros colectivos de la Comunidad han organizado un viaje en autobús y a ellos se han sumado los interinos que se han desplazado en tren o en vehículos particulares.
Aragón es una de las comunidades con mayores tasas de temporalidad, especialmente en la Diputación General de Aragón (DGA): un 48,4 %, 28.844 de los 59.560 empleados públicos, según los datos oficiales del propio Ejecutivo a 31 de diciembre de 2020. Está así muy por encima del límite legal del 8%, que solo se cumple en la Administración central. Según las estimaciones de STEPA, en las administraciones aragonesas en torno a 20.000 se encuentran en estos momentos en fraude de ley, al llevar con contratos temporales más de 3 años (algunos incluso décadas). En toda España llegan a 800.000.
STEPA critica el oscurantismo de la DGA al negarse a facilitar las cifras exactas del número de trabajadores que han superado los tres años y por tanto se encuentran en situación ilegal, ocupando además en muchos casos plazas estructurales. Otros gobiernos autonómicos sí las han hecho públicas y también algunas administraciones aragonesas como el Ayuntamiento de Zaragoza.
En este sentido, STEPA ha calificado de «vergonzosas» las declaraciones del presidente aragonés Javier Lambán al ser preguntado en el pleno de las Cortes este viernes por Izquierda Unida. No abordó la cuestión y se limitó a dar cifras de las ofertas de empleo de los últimos 4 años, que ni han solucionado la temporalidad porque se ha disparado, ni se ajustan a la normativa y jurisprudencia europea. La UE rechaza que las oposiciones sean una solución porque no sancionan la mala práctica y perjudican además a las víctimas, que llevan años y décadas y pueden acabar despedidas y sin indemnización.
Además, consideran «increíble que el Gobierno aragonés diga que no conoce la cifra de funcionarios en situación ilegal, o no dice la verdad o de ser así deben dimitir inmediatamente sus responsables», aseguran desde el sindicato aragonés.
La manifestación se ha iniciado a las 12 horas en el paseo del Prado, recorriendo el paseo Recoletos y ha finalizado en la plaza de Colón. Miles de personas han secundado la marcha. Con esta acción se ha rendido también homenaje a tres interinas -María Jesús, Coro e Irune-, que se encuentran en huelga de hambre desde hace unos 40 días como medida de protesta. La marcha ha estado encabezada por trabajadores que llevan ya más de 25 años con contratos temporales en la Administración.
TRES REIVINDICACIONES BÁSICAS
Con esta nueva movilización reivindicativa, las entidades convocantes han pedido al Ministerio de Política Territorial y Función Pública tres cuestiones básicas:
1.- que se excluyan de las convocatorias de oposiciones todas las plazas ocupadas por personal abusado hasta que no se compruebe si sus contratos o nombramientos están en fraude de ley, y que éste sea sancionado,
2.- que la sanción al fraude de ley ya cometido sea para la Administración incumplidora, no para el personal abusado, y que ésta consista en asegurar un lugar de trabajo de carácter permanente para el personal víctima del fraude de ley, ya que ésta es la solución acorde con la normativa y la jurisprudencia comunitarias e internas;
3.- y que a las personas ya cesadas habiendo sido víctimas del abuso de temporalidad y que hayan previamente denunciado su situación les sean ofertadas todas las plazas que no hayan sido cubiertas con los procesos convocados y ya finalizados.
Los convocantes de la manifestación de este sábado denuncian los constantes incumplimientos del Ejecutivo de Pedro Sánchez tanto de la Directiva europea 1999/70/CE en el sector público, como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión.
Los interinos rechazan de entrada el falso planteamiento de que para estabilizar sus puestos deben presentarse de nuevo a una oposición: «La Administración habla de acceso al empleo público, pero todos los trabajadores públicos temporales ya hemos accedido al superar el proceso selectivo determinado por ella (oposiciones, concurso-oposición, bolsas de trabajo, etc.). En esos procesos, la garante del cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad ha sido la propia Administración«.
