María Navarro presenta la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas al Colegio de Abogados de Zaragoza

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La consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, María Navarro, acompañada por el presidente de la Junta Municipal de Reclamaciones Económico- Administrativas (JREAZ), Jesús María Royo ha participado esta tarde en una jornada organizada por Colegio de Abogados de Zaragoza sobre las Reclamaciones Económico- Administrativas ante el Ayuntamiento de Zaragoza.

La presentación ante el Colegio de Abogados se enmarca en la reciente puesta en funcionamiento de la Junta y su sede electrónica. El objetivo de la jornada, organizada por la Sección de Turno de oficio y Servicios y la Comisión de Formación del REICAZ ha sido el de transmitir a los profesionales la labor de la JREAZ, su funcionamiento, la forma de presentar reclamaciones así como el proceso que deben seguir las mismas.

La Junta, que da cumplimiento a la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, aprobó su reglamento en 2004 pero no fue hasta 2020 cuando el Pleno Municipal designó a sus integrantes, algo imprescindible para la puesta en marcha del servicio ciudadano. Sus objetivos son los de mejorar la gestión económico-financiera del consistorio desde el punto de vista de los derechos de los contribuyentes, elaborar estudios en materia tributaria y emitir dictámenes sobre los proyectos de Ordenanzas Fiscales. “Existía un reglamento que ningún Gobierno había puesto en marcha. Zaragoza, como gran ciudad, podría haber contado con la Junta en funcionamiento desde 2004” ha explicado la consejera de Presidencia.

FUNCIONAMIENTO

A través de la página web jreaz.zaragoza.es los contribuyentes zaragozanos pueden presentar reclamaciones. Se trata del primer órgano independiente del Ayuntamiento de Zaragoza en donde el ciudadano se puede relacionar de manera íntegramente telemática desde el inicio de la reclamación hasta el final del proceso. “Queríamos que este órgano fuera absolutamente digital para que aquellos que quisieran presentar una reclamación contarán con todas las facilidades y no se encontrarán con solicitudes difíciles de llevar a la práctica” ha dicho María Navarro.

Los ciudadanos pueden presentar sus reclamaciones de forma digital siempre que cuenten con Cl@ve, acceso de ciudadanos europeos del sistema eID de la Unión Europea o Certificado Digital. También tienen la posibilidad de presentar sus reclamaciones de forma presencial en la sede de JREAZ, ubicada en el edificio “el Cubo”, en la calle Eduardo Ibarra. Los contribuyentes disponen de un mes desde que el Ayuntamiento haya notificado el impuesto, tasa o precio público sobre el que reclamar.

Los contribuyentes pueden presentar reclamaciones sobre:

Impuestos y tasas: serán susceptibles de reclamación económico-administrativa, entre otros, los recibos correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al Impuesto de Circulación, Impuesto de Actividades Económicas o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. También los que correspondan con tasas como la de Recogida de Residuos Urbanos, Tasa del Cementerio de Torrero, de Recogida de Animales de Compañía…

Recargos por presentar fuera de plazo una declaración, liquidación o autoliquidación, por pagar fuera de plazo una deuda o por aplazamientos y fraccionamientos de impuestos y tasas presentados fuera de plazo.

Impagos de precios públicos y actividades que se desarrollen en dependencias municipales. Por ejemplo: actividades socioculturales y de esparcimiento en los Centros Cívicos, en los Centros de Enseñanzas Artísticas o en las Escuelas Infantiles Municipales; alquiler temporal de salas del Auditorio, Palacio de Congresos o Centro de Historia; Matrículas en Escuelas Infantiles…

Cobros indebidos, es decir, cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas o sanciones, cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar o cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones después de que hayan prescrito.

La presentación no tiene ningún coste para el contribuyente y cuenta con todas las garantías procesales, ya que la Junta está formada por profesionales independientes, cuya actividad está basada en criterios de objetividad y transparencia.