El aumento de la pobreza en Aragón ha venido de la mano de la crisis sanitaria, social, económica y de empleo generada por la COVID-19. En cifras se traduce en un 18% más de aragoneses en situación límite o 11.500 familias que se encuentran con serias dificultades para sobrevivir con sus propios recursos. Un drama social que esta mañana llevó a la Comisión de Ciudadanía del Parlamento autonómico la diputada popular, Marian Orós, con una propuesta al Gobierno autonómico para la activación inmediata de una prestación económica complementaria al Ingreso Mínimo Vital que permita cubrir las necesidades básicas de las personas y familias más vulnerables.
La razón fundamental para que la portavoz popular de Ciudadanía defendiera esta propuesta es consecuencia directa de la ineficacia demostrada por las diferentes actuaciones puestas en marcha por los Gobiernos de España y de Aragón para frenar y hacer retroceder el aumento de la pobreza. Como explicó la diputada, “ustedes tienen aún a un 20% de la población aragonesa que ha entrado en los circuitos de la pobreza porque no han sido capaces de atenderles”, en comparación con el 14 % en riesgo de pobreza de hace diez años y el 18% de 2019, pese a que el Ejecutivo regional ha contado con presupuestos expansivos en los últimos ejercicios.
No quisieron implicarse PSOE, Podemos, CHA y PAR a la hora de fijar al Gobierno de Aragón una fecha concreta ni tampoco sobre los detalles de esa prestación autonómica hasta la futura aprobación de una ley pero, como tuvo que recordarles la parlamentaria popular “en el limbo de la pobreza hay 11.800 personas que durante diez meses ni pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital porque se lo han denegado ni al Ingreso Aragonés de Inserción ni a la prestación complementaria” para corroborar la obligación de reaccionar frente a esta emergencia social. “porque “la pobreza no espera”.
LAS HERRAMEINTAS DEL PSOE QUE NO FUNCIONAN
El despliegue del Ingreso Mínimo Vital sigue siendo muy lento, arrastra multitud de problemas en su gestión, deja fuera a dos de cada tres de los 25.000 solicitantes y con una media en la prestación de 460 euros resulta insuficiente para atender las obligaciones esenciales de vivienda y alimentación.
En la parte autonómica, la supresión definitiva del Ingreso Aragonés de Inserción por parte del Ejecutivo regional y la aprobación pendiente de una prestación complementaria no han conseguido ofrecer respuestas a miles de familias en situación de vulnerabilidad. De las 6.100 personas que están cobrando el IMV aproximadamente 4.200 son antiguos perceptores de la desaparecida ayuda autonómica, el IAI, y el resto, unos 1.900, son nuevos integrantes del auxilio estatal.
La pregunta lógica, como señaló Orós a los diputados que sustentan a la coalición fue “¿y qué pasa con todos los demás? Que pasa con esas 12.00 personas o más de 12.000 personas que no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital porque es verdad que aunque ha tenido modificaciones tiene unos requisitos estrictos, que no pueden acceder al Ingreso Aragonés de Inserción porque se derogó con la nueva ley, y que además tampoco pueden solicitar la prestación aragonesa complementaria porque, salvo de oficio, nadie la puede pedir”.
Diez meses después del anuncio por parte del Gobierno aragonés nada se sabe de esa prestación complementaria autonómica prometida, “al final lo que están haciendo ustedes es dejar pasar el tiempo, llevan diez meses dejando pasar el tiempo y no se ha movido un papel ni una instrucción ni un reglamento para poder desarrollar ese decreto ley”, recriminó Orós, con el agravante de que existen recursos económicos disponibles y suficientes para lanzar esas ayudas autonómicas.
