El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza ha registrado una moción para su debate y votación en el pleno del próximo 26 de febrero en la que insta a realizar un inventario de las cruces cristianas del viario público y que sean declaradas Bien de Interés Cultural por parte del Gobierno de Aragón. VOX reclama que se les otorgue a estas cruces “la especial protección jurídica que les corresponde”.
VOX pretende “frenar la ofensiva contra los símbolos y los sentimientos religiosos que se vienen padeciendo, amparándose en las leyes ideológicas dictadas por los diferentes gobiernos socialistas que no fueron derogadas por los ejecutivos del Partido Popular cuando tuvo fuerza para hacerlo». Esta solicitud se encuentra amparada por “la Ley de Patrimonio Histórico español, que establece que forman parte del patrimonio cultural las muestras culturales de la aportación de nuestra patria a la civilización universal».
La concejal de VOX, Carmen Rouco, lamenta que “hemos vuelto a ser testigos de actos atroces contra la cultura, la historia y la fe cristiana” a través de “las manifestaciones explícitas de odio como el desmantelamiento y destrucción de la Cruz de los Descalzos, en Aguilar, desde la misma administración mediante una resolución de alcaldía”. “La cruz cristiana es el principal símbolo del cristianismo, que en sus distintas manifestaciones cuenta con 2.500 millones de practicantes, un tercio de la población mundial, siendo la religión con mayor número de seguidores del planeta. Desde el punto de vista histórico, la península Ibérica, como escenario geográfico previo donde actualmente se ubica lo que conocemos como España, fue evangelizada en el siglo I. Es decir, las vinculaciones de nuestra sociedad, cultura y tradiciones con la religión católica son previas al nacimiento de nuestra nación y perduran en la actualidad con manifestaciones materiales e inmateriales en todos los rincones de nuestra geografía nacional. Independientemente de las convicciones religiosas personales actuales de los españoles, lo cierto es que la historia de España como nación está vinculada al cristianismo”, expone.
Rouco recuerda que el artículo 16 de la Constitución Española, catalogado como derecho fundamental y bajo la especial protección que esta calificación entraña, garantiza “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Pone en contexto que España se encuentra en un “sistema aconfesional que sitúa al Estado en una posición de neutralidad respecto al hecho religioso”, lo cual supone que “ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, de modo que los poderes públicos no asumen ninguna confesión religiosa como propia”. “Al mismo tiempo el Estado ve el hecho religioso positivamente, tal y como se desarrolla en el mencionado artículo 16. Esta posición de imparcialidad respecto a las confesiones religiosas debe iluminar la actuación de cualquier administración pública, así como el respeto a símbolos y manifestaciones de esta índole. La propia Constitución exige a los poderes públicos conservar y promover la protección del patrimonio histórico, artístico y cultural”, concluye.