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Zaragoza en Común hace balance de “dos años de gobierno para las élites”

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho balance de los dos años de gobierno de PP-Cs, un periodo caracterizado por “el abandono de lo público, en beneficio de los intereses privados, los recortes en materia social y las constantes cesiones a la ultraderecha en las políticas de igualdad”.

La formación ha criticado los pasos dados por el gobierno de Azcón en cuanto a los recortes y abandono de los servicios sociales y la vivienda, “en un momento en el que la pandemia nos ha demostrado la importancia de lo público y de tener una vivienda digna”, ha apuntado el portavoz de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve.

Abandono de las políticas de vivienda en plena pandemia

En este sentido, la formación ha asegurado que el gobierno del PP ha practicado una “dejación total en materia de vivienda social”, sin sumar ni una sola vivienda al parque público municipal, cuando en los dos primeros años de la anterior corporación ya se habían incorporado casi de 500 inmuebles (más de 800 en los cuatro años de gobierno de Zaragoza en Común).

Desde que PP-Cs paralizó sin alternativa el programa de captación de vivienda vacía ‘Alegra tu vivienda’, el Ayuntamiento ha dejado de nutrir el parque público de alquiler social, al que podrían haberse sumado 150 viviendas. Los inmuebles, destinados a dar cobertura a las miles de solicitudes de vivienda social que acumula la sociedad Zaragoza Vivienda, podrían haberse sumado a los más de 400 que consiguió captar este programa, que aumentó un 15% el parque de vivienda pública. Esto ha provocado que la lista de espera para acceder a una vivienda social en alquiler haya continuado aumentando a mayor ritmo.

La formación ha criticado la “escasa sensibilidad” del PP al reclamar desde Zaragoza Vivienda los pagos del alquiler que fueron aplazados a las familias durante el estado de alarma, situación que afecta a más de 2.200 hogares. También se ha referido a la “fuerte subida encubierta” de los alquileres municipales que puede llegar a incrementar los precios en un 30% en hogares de familias vulnerables.

En lugar de facilitar el acceso a la vivienda, “lo han dificultado”, ha apuntado el edil, refiriéndose, también,  a las limitaciones del programa Alza, que exige unos ingresos mínimos de 14.122 euros, seguro de impago y por tanto acreditacion de ingresos fijos, criterio este último que dificultaría el  acceso de personas que trabajen en régimen de autónomos.

En este sentido, Santisteve ha reiterado la necesidad de impulsar la construcción de vivienda pública municipal, con el desarrollo de las  las 30 viviendas en Pignatelli, también en Alumalsa, y mediante la recuperación del proyecto de viviendas mixtas de Pontoneros. También ha solicitado la puesta  en marcha de un programa de captación de vivienda para el alquiler social y que restablezca las relaciones institucionales necesarias con el Gobierno de Aragón para  recuperar el servicio de mediación hipotecaria y de alquiler, así como otros programas propuestos en materia de vivienda.

Desgaste de lo público y favorecimiento del negocio privado

El edil ha criticado que frente a las políticas públicas, el gobierno de Azcón está practicando un “expolio del patrimonio público en beneficio de la empresa privada, modificaciones a la carta que en el caso de Pontoneros supone hipotecar de forma privada suelo municipal por un periodo de 75 años”.

El edil también se ha detenido en los gastos extras que suponen para la ciudad la construcción del hospital privado, costes de urbanización que “se han ocultado por parte del gobierno y que suponen alrededor de 7 millones que recaerán completamente en las arcas del Ayuntamiento”. Para Santisteve este es uno de los mayores ejemplos de la política de Azcón “gangas para el adjudicatario y costes para el Ayuntamiento, beneficios privados que vuelven en forma de apoyo al gobierno mientras merman las arcas públicas”. En este sentido ha explicado que de los ingresos que van a llegar al Ayuntamiento con el proyecto, unos 15 millones, habrá que restarle esos 7 millones para hacer frente a los trabajos de urbanización de los terrenos: el desvío del abastecimiento de la ciudad, el Vial de acceso al hospital (inc ramal y rotonda Marceliano Alvarez), el Parque del entorno del Hospital y el valor del 10% del aprovechamiento de cesión y el corredor de Oliver.

El apoyo a la Escuela privada-concertada y el recorte de partidas y actuaciones encaminadas a mejorar las instalaciones y mantenimiento de la Escuela Pública ha sido otro de los ejemplos de la política “sectaria y para unos pocos” que practica el gobierno de Azcón.

El apoyo del gobierno de PP-Cs a la escuela concertada es “únicamente ideológico” y no responde a ninguna política de inclusión social, cuyos recursos municipales “se han cargado de un plumazo”.

Olvido de los barrios obreros y el patrimonio

Se destinan 2.000.000 de euros para las reformas de las plazas cercanas a iglesias, como la de la Plaza Santa Engracia o San Idelfonso (Iglesia de Santiago), pero “del resto de las plazas de la ciudad se olvidan”, puesto que la de la Madalena ya tenía un proyecto realizado, y tampoco da prioridad a  intervenciones en el interior de la zona Zamoray-Pignatelli, a la que apenas se destinan 100.000.

La formación también ha criticado la falta de ejecución del plan de Azoteas Verdes, ni del proyecto del Centro Cívico Parque Goya. En 2021, la inversión de equipamientos en los barrios se ha dotado con muy poco dinero, teniendo en cuenta  la baja  ejecución de estas partidas durante el anterior ejercicio. Por ejemplo, el Centro Cívico Parque Goya solo cuenta con una partida presupuestaria para la elaboración del proyecto.

“Velar por el patrimonio público  tampoco es una prioridad del gobierno”, ha señalado Santisteve.  En este sentido, ha explicado que olvidaron las partidas dedicadas al Museo de la Imprenta Blasco, el Palacio de Fuenclara, los Baños Judios, o la recuperación de los restos de la Puerta de Valencia.

Desgaste de los servicios sociales y su privatización

El desgaste de los servicios sociales y su privatización, con la línea 900, el “hachazo” de más de un millón de euros para políticas de inclusión laboral para personas en dificultad, o el retroceso hasta cifras de hace 24 años de la inversión en Cooperación son algunos ejemplos que han marcado la gestión de este gobierno en materia de acción social, según la formación.

“El gobierno de Azcón ha es el gobierno de los recortes en materia de derechos sociales”, ha apuntado Santisteve, en alusión a la eliminación de las partidas de empleo de inclusión, de mediación e intervención comunitaria,  al prescindir de los convenios con la Fundación Picarral (110.000 euros) o La Bezindalla (45.000 euros), recortes que se suman a los 1,7 millones que ya se produjeron en el 2020. Además, también se produjo un fuerte recorte de 200.000 al Plan Joven, que se suma al “tijeretazo” de 535.000 euros en las partidas vinculadas a PICH y PIBO orientadas a actividades juveniles.

El edil ha defendido que durante los dos primeros años de gobierno de Zaragoza en Común se implantó un nuevo modelo de organización de los Centros de Servicios Sociales, se puso en marcha el primer Plan de Lucha Contra la Pobreza Infantil, con una dotación presupuestaria de 900.000 euros, (recortado estos dos años en 250.000 euros) y el refuerzo de personal con más de 20 nuevos profesionales. 

“De la centralidad de unos servicios sociales basados en los derechos de las personas hemos pasado a unos servicios sociales cerrados y  bajo mínimos cuando más falta hacían, al establecimiento de una la línea 900 privatizada y que limita el derecho de acceso a los servicios sociales, y a las concentraciones y manifiestos de los profesionales pidiendo su eliminación y  la cobertura de las bajas y vacantes de personal”, ha declarado Santisteve.

Los dos  años de Gobierno de PP-CS “han supuesto una vuelta al siglo pasado en materia de cooperación, retrocediendo a cifras de hace 24 años”, ha apuntado el portavoz de la formación. Durante dos años de Gobierno de Zaragoza en Común, la inversión en cooperación creció en 200.000 € (6,7%) mientras que dos años de gobierno de PP-CS-Vox han supuesto recortes de más de 1 millón de euros (un 32% menos).

Cesiones a la ultraderecha

La formación ha lamentado que el Ayuntamiento de Zaragoza haya pasado de apoyar la lucha feminista por la igualdad  y contra las violencias machistas “al apoyo a entidades anitabortistas y el mito de la violencia doméstica e intrafamiliar”.

En este sentido, el balance de Santisteve es “dos años para la asunción de un imaginario negacionista”, en el que la ciudad ha pasado de una apuesta decidida contra la violencia machista, con el diseño del II Plan de Igualdad, o la creación de la Oficina de Transversalidad de Género; a la apertura de las Oficina de violencia intrafamiliar y antiabortista, y la financiación de la foodtrack antiabortista de Red Madre.

Además, la formación ha advertido del riesgo de desaparición del Servicio de Orientación Laboral de Igualdad y ha reiterado la necesidad de mantenerlo para frenar el desempleo entre las mujeres.

Otra de esas cesiones ha sido el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática a pesar de las advertencias del Gobierno de Aragón y que podría acarrear sanciones económicas para el Ayuntamiento. El   22 de noviembre de 2020  finalizó el plazo para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática de Aragón para sacar del callejero nombres franquistas. “La institución más cercana al ciudadano no puede incumplir esta ley y obviar los años de terror y represalias que  se dieron tras la guerra civil y que sostuvieron la dictadura franquista durante 40 años”, ha declarado Santisteve.

Negacionismo climático

El gobierno de Azcón no ha cumplido ni un 25% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030 para hacer frente a la pobreza, empoderar a las mujeres y las niñas y afrontar la emergencia climática desde la administración local.

Este alto incumplimiento de los ODS está motivado, en gran parte, por la  paralización de programas y estrategias implementadas en la anterior corporación, encaminadas al cumplimiento la Agenda 2030, como la Estrategia de Calidad del Aire (ECAZ 3.0), los proyectos Life vinculados al fomento de la huerta y a la Infraestructura Verde de Zaragoza, el Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) o los distintos planes de barrio en cuanto a la apuesta por un modelo descentralizado.

“El modelo de crecimiento de este gobierno, que reincide en el ladrillo y la construcción de vivienda privada como motor de la economía, nos lleva a una nueva burbuja insostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental”, ha señalado Santisteve.

Además, el gobierno de Azcón también ha paralizado la construcción de carriles bici, rompiendo con la tendencia de mejora de la red ciclista y vmp de 10 años de inversiones y mejoras progresivas. En su lugar, “y más como lavado de cara que como convencimiento, han pintado unos ciclo carriles que no sirven para nada pero sirven de excusa para vender que han construido kilómetros de ciclocarriles, cuando es una evidencia que los ciclistas y vmp no los usan”.

“Prometieron en campaña sustituir el tranvía este-oeste por un sistema de transporte de alta capacidad alternativo pero ahora ni lo nombran”, ha argumentado Santisteve. En este sentido, la formación ha apuntado que la finalización de la contrata del bus es una oportunidad para crear una empresa municipal de transporte como tienen todas las grandes ciudades españolas y que Zaragoza deje de ser la excepción,  pues es la única gran ciudad con la gestión del bus privatizada.

Zaragoza en Común también ha afeado al gobierno de PP-Cs el rechazo a tomar cualquier medida de apoyo a la moto eléctrica como alternativa menos contaminante (atmosférica y acústicamente). La formación ha recordado su propuesta de reservar aparcamiento para motos eléctricas y ayudas a la compra de ciclomotores (hasta 45km/h) ya que ofrecen una solución de movilidad mucho más pacífica para la ciudad.

Además, “los que presumían de buenos gestores tienen la contratación pública colapsada”, ha apuntado Santisteve. En este sentido, ha criticado que, después de dos años, “han sido incapaces de adjudicar el contrato de parques o de aprobar los pliegos del contrato de limpieza y recogida de residuos, que ya lleva un año en reconocimiento de obligaciones”.

Participación y cultura, “ni están ni se las espera”

Las áreas de gestión de Ciudadanos “son como ellos, invisibles, ni están ni se les espera”, ha apuntado Santisteve. En este sentido, ha criticado que el área de participación se ha dedicado a “no hacer” y “vaciar de contenido las herramientas de participación ciudadana: no ha realizado ningún proceso participativo y ha paralizado los Presupuestos Participativos, ha dejado de convocar Consejos Sectoriales y Consejos territoriales de alcaldes y alcaldesas, máximos órganos de participación de cada una de las áreas.

Zaragoza en Común también ha denunciado los recortes en el derecho a la cultura, minando las líneas de cultura comunitaria. El sector cultural, a pesar de la grave crisis sufrida, ha visto recortado en más de un millón de euros los “Programas y Actividades Culturales”, a lo que se ha añadido una falta de programación cultural municipal durante los cinco primeros meses del año. Además, el incremento económico en Cultura no se ha traducido en medidas de impulso al sector y el aumento se ha producido en un aumento del gasto en personal, órganos de dirección y hasta en la compra de un vehículo.

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