El Ayuntamiento de Zaragoza está a punto de aprobar un nuevo protocolo antiokupación que permitirá a la Policía Local actuar de manera más efectiva en casos de ocupación ilegal de viviendas. La medida, impulsada por el consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, será discutida en la próxima reunión del Gobierno de la ciudad.
El protocolo establece criterios claros para que los agentes puedan intervenir en situaciones de operación. Entre ellos, destacan la posibilidad de desalojar inmuebles cuando el delito sea presenciado directamente por los policías, tras el aviso de vecinos o testigos sobre un ingreso violento o intimidatorio, o mediante la activación de alarmas de intrusión.
Lorén ha destacado que la okupación representa un problema creciente en España, con un incremento del 40% en los últimos seis años. Aseguró que este fenómeno afecta la seguridad y convivencia en los barrios, criticando la falta de medidas efectivas a nivel estatal. Aunque recientemente el Congreso aprobó una nueva ley para agilizar los desalojos, Lorén expresó dudas sobre su aplicación debido a la oposición del PSOE.
Desde 2021, Zaragoza ofrece un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para los ciudadanos afectados por ocupaciones ilegales, habiendo atendido 340 casos en tres años. Los barrios más afectados, según datos recientes, son Las Delicias (36,4% de los casos), Casco Histórico (18%) y Oliver-Valdefierro (9%)
El nuevo protocolo de Zaragoza se fundamenta en la instrucción de la Fiscalía General del Estado de 2020 y en principios constitucionales que garantizan la seguridad privada y la inviolabilidad del domicilio. Este protocolo de actuación que aplicará la Policía Local tiene tres bases fundamentales: la identificación, desalojo y la detención.
Con este paso, el Ayuntamiento busca reforzar la seguridad de los vecinos y sus barrios, proporcionando a la Policía Local herramientas más efectivas para combatir la okupación, ante la falta de recursos proporcionados por el Ministro.