El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado hoy por unanimidad una moción contra el cierre de las oficinas bancarias en el medio rural. El texto, presentado por el PSOE y enmendado por En Común-IU y el PP, reclama la implicación de las administraciones públicas y, sobre todo, de los propios bancos para lograr la puesta en marcha de «un nuevo servicio rural financiero que dé respuesta a las necesidades de los habitantes de los municipios zaragozanos».
«La solución no es instalar cajeros automáticos, sino que haya un servicio de proximidad en todos y cada uno de los pueblos», ha reclamado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero. «Hace un tiempo a los bancos se les rescató con dinero público, y ahora son ellos los que tienen que salir al rescate del medio rural».
Sánchez Quero ha subrayado que en una década se han cerrado «la mitad» de las oficinas bancarias de la provincia de Zaragoza. «Actualmente al menos 155 de los 292 municipios están sin sucursal, y el problema es que si no se hace nada esa situación va a seguir yendo a peor», ha detallado el presidente, quien ha recordado que la exclusión financiera es otra vertiente más de la desigualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano.
«Las instituciones estamos a disposición de las entidades financieras para tomar las medidas que sean necesarias, pero tienen que ser los bancos los que inviertan en los pueblos. Por eso hago un llamamiento a la responsabilidad social de las entidades financieras para que no piensen solo en su beneficio económico», ha insistido Sánchez Quero, quien además ha explicado que la DPZ lleva «tiempo» en conversiones tanto con Ibercaja, Bantierra, Caixabank y otros bancos como con diferentes ayuntamientos afectados.
«Como Diputación de Zaragoza estamos dispuestos a colaborar, pero la solución tiene que implicar a todas las administraciones: el Gobierno central, el Gobierno de Aragón, las tres diputaciones provinciales, los ayuntamientos, las comarcas…», ha recalcado además el presidente.
De esta forma, la moción aprobada en el pleno instar al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón y a la Diputación de Zaragoza «al inicio de los trámites necesarios para solucionar la exclusión financiera existente en los municipios de la provincia de Zaragoza». Al mismo tiempo, el texto pide a los bancos «su disposición a colaborar con las administraciones públicas (…) para implantar un nuevo servicio rural financiero que dé respuestas a las necesidades de los habitantes de los municipios zaragozanos».
La moción también solicita a las entidades financieras «la implantación de datáfonos en bares y comercios de las localidades sin cobro de comisiones (…) y sin restricción de cantidad mínima para su uso y así facilitar el pago con tarjetas» y plantea que la propia DPZ «realice un estudio detallado sobre la situación real de los municipios de la provincia de Zaragoza en materia de exclusión financiera».