El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este miércoles al convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Aragón, por un lado, y por los colegios de abogados de Zaragoza y Teruel para la orientación jurídica penitenciaria a los internos en los centros de la comunidad. El convenio tiene una vigencia de cuatro años.
Esta firma supone la continuación hasta 2023 del servicio que se venía prestando el año pasado a raíz del convenio firmado el 30 de diciembre de 2018 entre el Gobierno de Aragón, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio del Interior) y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón.
El objeto del convenio es establecer el marco jurídico de colaboración entre las instituciones que lo suscriben para desarrollar las actuaciones de orientación jurídica penitenciaria que se realicen a los internos en los centros penitenciarios de la comunidad autónoma.
Este asesoramiento se concreta en proporcionar un primer consejo orientador a la persona interna, de carácter gratuito, sobre cuestiones de naturaleza jurídica que se planteen. Entre otros campos, esto incluye el contenido del ordenamiento jurídico penitenciario español, los órdenes jurisdiccionales, la justicia gratuita o, en el caso de extranjeros, tramitar el posible traslado a otro país.
Otro objetivo es proporcionar información sobre la posibilidad de recurrir a sistemas alternativos de resolución de conflictos, con el fin de evitar el litigio procesal.
Dicho convenio, tendrá efecto en los tres centros penitenciarios de Aragón: el de Zuera, el de Daroca y el de Teruel. La ejecución de este convenio supone un coste para las arcas autonómicas de 186.149,6 euros que se divide en los cuatro ejercicios en que estará vigente, a razón de 46.537,4 euros desde 2020 hasta 2023 incluido.
