El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha solicitado este viernes al Ayuntamiento de Pedrola que retire el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) para la gigafactoría de baterías de Stellantis-CATL. Este proyecto, que representa una inversión de 4.100 millones de euros y la creación de más de 4.000 empleos, es considerado el mayor impulso industrial en la historia de Aragón.
Impacto del recurso en la inversión y el empleo
López ha advertido que la continuación del recurso podría afectar negativamente la confianza de los inversores en el proyecto, crucial para la transición hacia el vehículo eléctrico. «La planta no solo generará empleo directo, sino que también beneficiará a empresas proveedoras y auxiliares en Pedrola y en la comarca», ha afirmado el consejero, quien ha instado a la alcaldesa, Manuela Berges, a dimitir como secretaria de Organización del PSOE Aragón si el consistorio decide mantener el recurso.
El consejero ha recordado que, durante la exposición pública del PIGA en agosto de 2025, el Ayuntamiento de Pedrola presentó alegaciones limitadas a cuestiones energéticas y mostró conformidad con el proyecto, asumiendo la pérdida de competencias urbanísticas y de ingresos por tributos como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). «No se entiende que ahora se invoque la invasión de competencias municipales», ha subrayado.
Incoherencias en las alegaciones del Ayuntamiento
Además, López ha respondido a las declaraciones de Berges, quien vinculó el recurso a la exclusión de infraestructuras, como una circunvalación que podría suponer un coste de 800.000 euros para Pedrola. El consejero ha aclarado que los accesos principales a la planta están gestionados por el Estado y la comunidad autónoma, y que solo un kilómetro de los 7,4 kilómetros de viales circundantes pertenece al municipio.
López ha lamentado que la alcaldesa no haya transmitido sus inquietudes a la administración autonómica ni a la empresa antes de presentar el recurso, que ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En este sentido, ha instado al Ayuntamiento a resolver las discrepancias a través del diálogo, enfatizando que «Aragón necesita certidumbre para asentar la industria del presente y del futuro».
Esta situación se presenta en un contexto donde la gigafactoría cuenta con el respaldo del Gobierno de España y ha recibido financiación de fondos europeos, lo que subraya la relevancia del proyecto para el desarrollo económico de la comunidad autónoma.
Esta información se ha elaborado a partir de una comunicación remitida a Diario Aragonés y ha sido editada y revisada por la redacción. Fuente: Gobierno de Aragón.
