El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han solicitado al Ministerio de Transportes y a Adif la creación de una mesa permanente que garantice la transparencia y el diálogo continuo sobre las obras de renovación de la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona. Esta iniciativa, respaldada por diversos agentes económicos y empresariales, busca asegurar que las obras no interrumpan de manera prolongada el servicio ferroviario, lo que podría perjudicar gravemente la competitividad y el desarrollo económico de la región.
Qué se ha anunciado
Los consejeros Octavio López y Eva Valle, junto a representantes de organizaciones como CEOE, CEPYME Aragón y la Cámara de Comercio de Zaragoza, han firmado un manifiesto en el que exigen un seguimiento constante de las actuaciones en la infraestructura. Este manifiesto se produce en un contexto en el que la línea de Alta Velocidad es considerada estratégica para Aragón, ya que de ella dependen millones de desplazamientos y miles de empresas. Los firmantes rechazan que el corte total y prolongado de la circulación ferroviaria sea una solución habitual para realizar las obras, argumentando que solo debería contemplarse si no se puede garantizar la seguridad del servicio.
Qué implica para Aragón
El documento presentado plantea tres exigencias clave: la elaboración de un estudio técnico que analice las alternativas de ejecución y la posibilidad de circulación parcial, un estudio de impacto económico y social que evalúe las consecuencias de una posible interrupción prolongada del servicio, y la creación de una mesa permanente de seguimiento que incluya a todas las partes interesadas. Octavio López ha destacado que se ha encargado a la Fundación Basilio Paraíso un informe que recoja las afecciones a la movilidad y la economía aragonesa durante las obras.
Los representantes institucionales han subrayado que, aunque la modernización de la infraestructura es necesaria, debe llevarse a cabo de manera responsable y con el menor impacto posible para los ciudadanos y la actividad económica. La seguridad ferroviaria se establece como una prioridad irrenunciable, y se insiste en que cualquier decisión relacionada con las obras debe basarse en información clara y consensuada.
Esta solicitud de una mesa permanente no solo busca proteger los intereses de Aragón, sino también asegurar que las decisiones sobre la infraestructura esencial no se tomen sin una evaluación adecuada de sus consecuencias. La comunidad aragonesa espera que se garantice un flujo de información constante y que se priorice el diálogo entre todas las partes involucradas en este proceso crítico.
Esta información se ha elaborado a partir de una comunicación remitida a Diario Aragonés y ha sido editada y revisada por la redacción. Fuente: Gobierno de Aragón.
