El sindicato CGT Enseñanza (segundo sindicato en representación en la mesa sectorial de educación) ha interpuesto una denuncia a Inspección de Trabajo por la falta de medidas preventivas en los centros escolares. Fuentes del sindicato señalan que: «la situación límite en la que se encuentra la educación aragonesa nos ha obligado a tener que realizar una denuncia a la Inspección de Trabajo. La falta de medidas preventivas y una deliberada falta de voluntad política del actual ejecutivo, nos han conducido a tomar esta decisión».
En cuanto al futuro que se plantea con el regreso a las aulas, desde CGT señalan que: «somos conscientes de las dificultades que plantea programar una actividad educativa presencial, que es la que queremos todas por el bien de nuestra sociedad, pero la inseguridad que se va a encontrar la comunidad educativa en el regreso a las aulas no la podemos tolerar».
Respecto a la denuncia que fue presentada por el segundo sindicato en mesa sectorial, ésta se vertebra en cinco puntos fundamentales:
la realización de un Plan de Prevención que articule la seguridad en los centros, el establecimiento de un Plan de Formación que garantice que las trabajadoras conozcan todos los riesgos que conllevan sus puestos de trabajo, evitar que toda la responsabilidad caiga en los equipos directivos en la confección de los Planes de Contingencia, dotar a todo el personal educativo de los Equipos de Protección Individual (EPIs) necesarios para ejercer la actividad y, por último, proteger a los trabajadores especialmente sensibles (T.E.S.) aplicando el principio de precaución. Desde CGT insisten: «son medidas contempladas en la legislación laboral vigente, su incumplimiento supone un atentado importante contra la seguridad educativa, si fuese una actividad privada la educación aragonesa estaría cerrada».
Por último, representantes del sindicato señalan que: «sentimos llegar al punto de pedir a la autoridad laboral que obligue al Departamento a llevar a cabo estas medidas. Pero la ausencia de un cariz negociador dentro de la Consejería, la falta de voluntad política para realizar unas inversiones necesarias que garanticen la seguridad, y la actitud, por qué no decirlo, negligente de algunos políticos aragoneses, nos han llevado a esta situación. Está la vida en juego de muchas personas a las que damos voz y eso no nos lo podemos permitir».
