Junto a otros 28 alcaldes, respecto a las ayudas a entidades locales contra los efectos del COVID-19
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha participado este martes en una reunión virtual con otros 28 primeros ediles de otras tantas ciudades españolas que solicitan al Ministerio de Hacienda “diálogo y soluciones para los vecinos” a la hora de establecer ayudas a las entidades locales contra los efectos del COVID-19.
En un comunicado conjunto, los representantes de Algeciras, Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Valencia y Zaragoza recuerdan que el real decreto que recogía el “mal acuerdo” pactado por la FEMP y el Ministerio de Hacienda no fue convalidado en el Congreso el pasado 10 de septiembre.
Para este grupo de alcaldes, “la no convalidación era evidente cuando alcaldes de 13 formaciones políticas distintas nos hemos puesto de acuerdo en denunciar que ese acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda es injusto y vulnera el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos”.
Ahora, después de conocer la nueva “e insuficiente” propuesta de Real Decreto formulada por el Ministerio de Hacienda, los alcaldes solicitan “la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio que llevamos semanas reclamando las entidades locales para iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España”. Los representantes municipales consideran que “resulta imprescindible lograr un acuerdo satisfactorio para que todas las entidades locales de España reciban urgentemente ayudas adecuadas para afrontar las graves repercusiones financieras de la pandemia del COVID-19”.
Acuerdos unánimes en la FEMP
En el comunicado se recuerda que esa nueva negociación “debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP los pasados 2 de abril y 22 de mayo para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público”, considerando que “estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica”.
Para este grupo de alcaldes, es indispensable garantizar en ese futuro decreto que las entidades locales puedan participar como beneficiarias de los fondos europeos, recibiendo al menos el 14,16%, que es el porcentaje del gasto local respecto del gasto público total en España. También siguen reclamando que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades.
Buj ha recordado que los ayuntamientos han estado y siguen estando en primera línea atendiendo las necesidades excepcionales surgidas a raíz de la pandemia de coronavirus,” sin ningún tipo de ayuda, modificando nuestros propios presupuestos, y necesitamos las ayudas estatales y europeas para poder seguir prestando los servicios a nuestros vecinos, y a la vez aplicar las medidas anti-COVID que sean necesarias y continuar colaborando para reactivar la economía”.
“Expresamos nuestra voluntad de seguir ejerciendo todas las iniciativas posibles en la defensa de los legítimos intereses de nuestros vecinos y para exigir las ayudas financieras que necesitan y se merecen para mantener los servicios municipales adecuados. Asimismo, reiteramos nuestro deseo de abrir un diálogo con el Gobierno para mejorar, desde la justicia y la igualdad, la situación financiera de las entidades locales”, concluyen los alcaldes.
