Mantener la calidad de la sanidad, la atención social y la educación, tres áreas de los servicios públicos esenciales más castigadas por los efectos la COVID-19, son las prioridades políticas del Partido Popular para los presupuestos de Aragón para el ejercicio 2021.
El aumento sustancial de las listas de espera, el mayor número de las familias que esperan recibir ayuda institucional como el IMV o el IAI, o las serias deficiencias denunciadas por padres y profesores en la educación semipresencial son algunos hechos que avalan la progresiva pérdida de calidad de los servicios públicos en Aragón.
SANIDAD, LA MÁS AFECTADA
“Le pedimos al Gobierno unos presupuestos reales, efectivos, especiales por la situación que vivimos, que activen la sanidad y que hagan de esa sanidad motor de empuje, solución de problemas y sobre todo un medio para que los aragoneses vean una salida a la situación actual que estamos viviendo”, afirmó Ana Marín para referirse a las prioridades sanitarias de los populares para el ejercicio 2021 en un año donde ya se da por hecho que el sistema sanitario público estará obligado a convivir con la COVID-19.
Se trata, afirmó la portavoz de Sanidad, de no cometer los mismos errores que en 2020 como fue dejar partidas presupuestarias sin ejecutar o con escaso gasto, “esta vez no caben bolsas de dinero falsas, gastos superfluos o cuestiones similares. Unos presupuestos reales para una situación especial que hagan que esos presupuestos se vean reflejados en una mejor gestión de la sanidad aragonesa” señaló, para establecer a continuación sus prioridades: impulsar la construcción de los hospitales y centros de salud que el Gobierno de Aragón tiene parados, rediseñar la atención primaria en su labor de contención del virus y al mismo tiempo recuperar los niveles asistenciales, reducir las listas de espera quirúrgicas y de especialidades y reforzar a los profesionales sanitarios con la ampliación de plantillas estables.
Los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz así como el san Jorge de Huesca, los centros de salud de la capital oscense y de Barbastro o las instalaciones sanitarias del barrio Jesús en Zaragoza son algunas de las infraestructuras que merecen consignación presupuestaria suficiente en 2021. Para el Partido Popular también debe quedar recogido en el proyecto del Ejecutivo un plan específico para superar las carencias materiales y de personal que sufre la atención primaria “como principal puerta de acceso de los aragoneses a su sistema de salud” dijo Ana Marín. De igual manera las excesivas demoras quirúrgicas, porque “esta pandemia no puede frenar bajo ningún concepto otras necesidades de la sociedad aragonesa. Las listas de espera deben ser prioridad absoluta dadas las preocupantes cifras que hoy presentan para el Gobierno de Aragón” señaló. Y respecto a los medios humanos incidió en que “Aragón tiene un importante déficit de profesionales y el Gobierno debe preocuparse y ocuparse por solventar este problema” con referencia específica a la limitación y carencia de especialidades que sufren los centros sanitarios situados fuera de las tres capitales de provincia.
RESPUESTA EFICIENTE A LA CRISIS SOCIAL
La atención social también ha sido afectada por la COVID-19 durante 2020, y seguirá haciéndolo aún con mayor fuerza en 2021 según la portavoz de Ciudadanía del Partido Popular, Marian Orós. El problema con las cuentas del próximo año es que el Gobierno de Aragón deberá afrontar también el actual desfase económico de 27 millones de euros provocado por la negativa de Pedro Sánchez a complementar las ayudas a la Dependencia y que coincidía con un supuesto incremento presupuestario para 2020 del Instituto Aragonés de Servicios Sociales que nunca llegó a materializarse.
La atención a las familias, a los mayores, a las personas con discapacidad y a aquellos en situación de vulnerabilidad sobrepasa ampliamente lo presupuestado de manera recurrente por el Gobierno de Aragón, explicó, por lo que “el presupuesto del veintiuno tiene que ser veraz, real y enfocado exclusivamente en el caso de los servicios sociales a una materia. A luchar contra la COVID-19 y a paliar los efectos sociales absolutamente abrumadores que la COVID-19 está teniendo con la sociedad” explicó la diputada, que priorizó este esfuerzo en las áreas de asistencia a las personas mayores, ayuda a las familias para la conciliación y, por último, máxima efectividad en la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) frente a la actual situación de caos organizativo.
Fortalecer las residencias de mayores y de personas con discapacidad por constituir una población de especial riesgo frente a la pandemia es la primera acción presupuestaria para el Partido Popular, que debe ir acompañada de una reducción drástica de las listas de espera para acceder a las prestaciones por dependencia o discapacidad. La segunda, explicó Orós. es “un plan especial de conciliación en el marco COVID-19, especialmente enfocado a las familias monoparentales y numerosas que son las que están aguantando situaciones complicadísimas”, uno de los compromisos adquiridos en el mes de junio por el Gobierno de Aragón cuando firmó la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica y aún pendiente de cumplir. La tercera acción esencial consiste en hacer efectivo el escudo social para los más vulnerables prometido por los Gobiernos de España y de Aragón, el IMV y el IAI. En el caso concreto del Departamento de Ciudadanía “por un lado mantener la cobertura del Ingreso Aragonés de Inserción y por otro lado que se incrementen las ayudas de integración familiar”.
EL IMPULSO QUE NECESITA LA EDUCACIÓN
“A fecha de hoy toda la inversión prevista para infraestructuras para el presupuesto del año 2020 podemos decir que, está o en el cero o en una ejecución cercana al cero”, denunció Pilar Cortés para incidir sobre una de las áreas de gestión donde el Ejecutivo autonómico debería emplearse a fondo en el ejercicio 2021. Construir los centros prometidos o reducir al mínimo imprescindible las aulas prefabricas son proyectos que, a juicio de la portavoz de Educación del Partido Popular, no pueden seguir esperando. Como tampoco deben demorarse las mejoras proyectadas en las guarderías que dependen de la Administración autonómica, ni la implantación progresiva del plan de cocinas en los centros escolares.
Reducir la brecha digital educativa, precisamente cuando la enseñanza virtual se ha convertido en una herramienta imprescindible debido a las restricciones impuestas por la pandemia, es otra acción política que debe conllevar una consignación adecuada en el proyecto contable del Ejecutivo para el año 2021. Pilar Cortés consideró obligado superar y ampliar el concepto vigente cuando dijo “el Gobierno de Aragón entiende que entrega unos ordenadores y crea una plataforma es digitalizar los centros docentes y nada más lejos de la realidad y de lo que apunta el futuro. En cualquier foro en el que se debaten estas cuestiones”. Además, la portavoz popular de Educación quiso resaltar como prioridad frente a la pésima gestión del Ejecutivo la atención a la educación especial, en tanto que significa un compromiso con un sector de población infantil y joven que merece de mayor atención de la que viene prestando la actual administración autonómica, “vimos cómo al interrumpirse el mes de marzo todavía no estaban cubiertas todas las plazas de profesionales sanitarios que esa educación necesita en cuanto a enfermeras, fisioterapeutas y auxiliares de enfermería. Son alumnos que su formación académica es importante, pero sus sesiones de esas terapias son casi o más importantes que la formación académica”.
