“Ha sido un año especialmente duro para el vacuno pero también para el ovino aragonés que ya iniciaron 2020 con precios bajos y que el coronavirus terminó de hundir al descender el consumo de carne debido al cierre de la hostelería y la restauración, castigados también por la bajada de las exportaciones, y ahora la enfermedad de la lengua azul está siendo otro golpe más al ya maltrecho sector ganadero regional”, describió el diputado autonómico del Partido Popular por Huesca Antonio Romero que señaló que “sería de justicia que el Gobierno aragonés, en estas circunstancias tan adversas para miles de profesionales ganaderos, activara algún tipo de medida o de ayuda coyuntural, y eso es lo que pedimos al consejero de Agricultura a través de una iniciativa que en el Partido Popular hemos planteado en las Cortes de Aragón”.
Una situación de deterioro progresivo para la carne de vacuno y de ovino que no es nueva para el sector que en los años anteriores ya sufrió una crisis de precios provocada por un menor consumo y que exige del Ejecutivo, al menos en lo que respecta a la enfermedad de la lengua azul, una respuesta efectiva.
La iniciativa registrada por los populares aragoneses consta de cuatro puntos: facilitar a los ganaderos que puedan realizar la vacunación en función de la situación sanitaria de su explotación para que en época de incidencia del mosquito los animales tengan un buen estado inmunitario, contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles efectos secundarios derivados de la vacunación, suministrar a los ganaderos tanto de zona restringida como de zona limpia los productos desinsectantes y repelentes de insectos necesarios para sus explotaciones y, finalmente, asumir en caso necesario y con el fin de evitar las posibles afecciones comerciales negativas la vacunación en zona limpia con cargo a los presupuestos del Gobierno de Aragón.
Además, el titular del Departamento de Agricultura deberá comparecer ante el Parlamento aragonés para dar cuenta tanto de las afecciones territoriales de la enfermedad por posibles contagios como de las acciones dirigidas a combatirla.
La detección el pasado mes de noviembre en la comarca del Sobrarbe de un brote de lengua azul encendió las alarmas en el sector, que se vio obligado a restringir los movimientos de ganado ovino y vacuno en un radio de 50 Kilómetros en torno al municipio de Broto. La respuesta sanitaria del Gobierno de Aragón fue decretar la obligación de vacunar a todas las reses de ovino y bovino de las explotaciones ubicadas dentro de ese perímetro lo que implica un gasto añadido a unos costes de producción que actualmente superan al precio de venta.
Esta enfermedad cuya transmisión se origina a través de las picaduras de insectos es de declaración obligatoria. Las consecuencias negativas para los ganaderos consisten en limitaciones al comercio de ganado, la dificultad que supone su erradicación debido a las restricciones y a los costes de la vigilancia, las pruebas sanitarias y la vacunación. Además, causa pérdidas añadidas ya que los animales producen menos leche y engordan más despacio.
