Continúa de actualidad la trama de mascarillas defectuosas. Ayer se debatió ampliamente en el congreso de los diputados en Madrid el asunto, volviendo a salir el caso Koldo y la pareja de Ayuso. En Aragón también se habla ahora del tema (no de Koldo ni de la pareja de Ayuso, pero sí de mascarillas).
El actual ejecutivo va a llevar a la fiscalía el escrito de denuncia para dirimir posibles responsabilidades penales y civiles, por la compra de mascarillas defectuosas en 2020.
La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín explicaba que el gobierno anterior no terminó las acciones legales para reclamar el dinero del pago de esas mascarillas defectuosas a la empresa inglesa, 25.000 euros, por lo que el ejecutivo actual ha tomado la decisión de llevarlo a la fiscalía: «El actual Gobierno de Aragón va a completar la obligación legal que el anterior Gobierno incumplió pese a haber advertido en un requerimiento a la empresa que sirvió las mascarillas defectuosas que llevaría a cabo acciones legales para reclamar la devolución del dinero por la mercancía defectuosa; acciones que, como ustedes bien saben, nunca se llevaron a término».
El contrato objeto de la reclamación condujo al pago y la recepción de 10.000 mascarillas que debían destinarse a la protección del personal cuidador de residencias de mayores y discapacidad dependientes del IASS y que no pudieron distribuirse por no cumplir con los estándares de calidad acordados, tal y como acreditaron en 2021 y 2022 sendos informes tanto del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales –hoy de Bienestar Social y Familia– como la Cámara de Cuentas.
A mediados de marzo el presidente Jorge Azcón confirmó que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón estaban elaborando un informe para dilucidar si cabía reclamar el dinero que el Ejecutivo abonó por esos lotes de mascarillas defectuosas. El informe, tal y como ha explicado este martes la consejera Carmen Susín, arroja dos conclusiones: la primera establece una cuantificación del perjuicio sufrido por el IASS por este asunto en 25.382,31 euros, una cantidad a la que cabría añadir una parte del coste del transporte, y en segundo lugar, determina que la puesta en conocimiento de estos hechos al Ministerio Fiscal –si éste lo estima procedente– permitiría practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y depurar así las responsabilidades penales y civiles que se puedan derivar en el caso de que tales hechos pudieran ser constitutivos de delito.
Las mascarillas permanecen en la actualidad en los sótanos de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar. fueron adquiridas a un precio de 4,15 euros cada mascarilla “de uso médico” y a 0,75 euros por cada “unidad de tres capas”; tales precios -por encima de mercado- fueron justificados en la factura por considerarse las primeras de mayor calidad que las segundas. Así, esas primeras mascarillas se compraron por una cantidad 5,53 veces superior en relación con las segundas, pero posteriormente se comprobó que no cumplían con los estándares exigidos.
