a consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, ha participado este lunes en la reunión de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, celebrada en el Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En el encuentro, presidido por la vicepresidenta Nadia Calviño y al que han asistido representantes de todas las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se ha aprobado un Catálogo de Buenas Prácticas Regulatorias. En él se analizan y recopilan las actuaciones de diferentes administraciones públicas que permiten fomentar la actividad empresarial, de las cuales, un total de seis son iniciativas impulsadas por el Gobierno de Aragón, siendo la segunda Comunidad con un mayor número de buenas prácticas seleccionadas para ser compartidas y conocidas por el conjunto de administraciones.
Entre esas buenas prácticas figuran aspectos incluidos en las leyes aragonesas de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo y de simplificación administrativa, aprobadas en 2019 y en 2021, respectivamente; el grupo de trabajo técnico-político “Doing Business Aragón” cr creado en 2016 para mejorar procedimientos administrativos, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, para facilitar el inicio de actividades de pymes industriales, o la obtención de permisos de construcción y de electricidad, entre otros trámites; y el rediseño de servicios públicos desde una perspectiva innovadora con la finalidad de poner a la ciudadanía en el centro y que se adecúen a sus necesidades. Esta última práctica se ha iniciado en dos áreas funcionales del departamento de Economía: las elecciones sindicales (dentro de la dirección general de Trabajo) y la mediación de seguros (en la dirección general de Economía).
Las otras dos de las buenas prácticas con sello aragonés son los decretos aprobados para agilizar la gestión de los fondos europeos Next Generation. En concreto, se trata del Decreto 5/2022 de 26 de enero, de medidas para impulsar la gestión urgente de los procedimientos financiados con cargo a los MRR, que permite impulsar y coordinar todos los tramites de la Administración autonómica y su sector público institucional vinculados con estos fondos; y del Decreto-ley 2/2022 de 6 de abril, por el que se adoptan medidas para agilizar la gestión de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación.
