La Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, liderada por Carmen Susín, ha expresado su firme oposición al reciente Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros, que establece un nuevo marco para la redistribución de menores migrantes no acompañados entre las Comunidades Autónomas. En una rueda de prensa celebrada el martes, Susín calificó este acuerdo como un acto que no prioriza el interés superior de los menores, sino que responde a intereses políticos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Carmen Susín critica el acuerdo del Gobierno central
La consejera Susín fue contundente en su crítica al afirmar que este acuerdo, pactado con el partido independentista Junts, se basa en una legislación que favorece intereses particulares en lugar de proteger a los menores. Según Susín, el Gobierno de Aragón no puede aceptar que se impongan acuerdos firmados por un político que enfrenta problemas legales, sugiriendo que estos acuerdos excluyen a la Comunidad Autónoma de los consensos que deberían ser equitativos entre todas las Comunidades Autónomas.
La consejera expresó su preocupación por el impacto que este Decreto Ley tendrá en los menores más vulnerables, a quienes describió como «rehenes» de una negociación que considera injusta. En sus declaraciones, Susín subrayó que el acuerdo no solo afecta a los derechos de los menores, sino que también atenta contra la igualdad entre las Comunidades Autónomas. «Este Decreto Ley es un ejemplo más de cómo el actual Gobierno de España se somete a los dictados de sus socios independentistas», señaló.
El presidente aragonés, Jorge Azcón, se alineó con Susín al afirmar que Aragón no participará en un acuerdo que considera desigual y xenófobo. Azcón anunció que el Gobierno de Aragón presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, argumentando que los servicios jurídicos ya están trabajando en esta impugnación. La consejera de Bienestar Social también hizo hincapié en que el traslado de menores migrantes no acompañados debería regularse mediante una Ley Orgánica, conforme a lo estipulado en la Constitución.
Implicaciones del Decreto Ley en las competencias autonómicas
El Decreto Ley, según Susín, infringe competencias autonómicas en materia de integración social de inmigrantes, como lo establece el Estatuto de Autonomía de Aragón. Este acuerdo impone obligaciones a las Comunidades Autónomas en relación con la acogida de menores migrantes sin tener en cuenta los mecanismos de cooperación que deberían existir entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La consejera resaltó que este tipo de decisiones afectan directamente a la capacidad de Aragón para gestionar la integración de personas migrantes.
Durante la Conferencia Sectorial de Inmigración, celebrada recientemente, Carmen Susín planteó preguntas directas a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre las consecuencias de la cesión de competencias a Cataluña en relación con el control de fronteras. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Esta falta de comunicación y transparencia ha llevado al Gobierno de Aragón a solicitar un análisis sobre las repercusiones de este acuerdo, dada su proximidad geográfica a Cataluña.
Susín también criticó la forma en que se gestionó la inclusión del Decreto Ley en la agenda del Consejo de Ministros, sugiriendo que se trató de una maniobra realizada a última hora, lo que refleja un patrón de falta de transparencia en la gestión del Gobierno central. Este comportamiento, según la consejera, es parte de una serie de decisiones que han demostrado una falta de coordinación y claridad en las políticas de extranjería.
El Gobierno de Aragón ha reiterado en múltiples ocasiones que la crisis migratoria debe abordarse como un asunto de Estado, y no desde la urgencia de un Gobierno que, según Susín, se ha mostrado más interesado en mantener el poder que en dialogar con las Comunidades Autónomas. La consejera concluyó que la política migratoria del Estado ha estado marcada por la falta de planificación, lo que ha dificultado que Aragón y otras Comunidades Autónomas puedan desarrollar políticas efectivas para la inclusión de personas migrantes.
Finalmente, Carmen Susín afirmó que Aragón no colaborará con el reparto de menores migrantes no acompañados y que se están tomando medidas para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. “Si es necesario, llegaremos hasta la Unión Europea para detener este despropósito que solo beneficia a Pedro Sánchez”, concluyó la consejera.
