Alejandro Nolasco, el Vicepresidente del Gobierno de Aragón ha mantenido un encuentro con La Asociación Vecinal Plataforma de Afectados Gancho y Pignatelli, por un problema que urge solucionar en el barrio El Gancho, San Pablo y Pignatelli: 20 edificios okupados, algunos de ellos calificados por la Universidad de Zaragoza como infraviviendas, donde las familias viven en condiciones infrahumanas y un lugar en el cual se practica la delincuencia de forma continua, lo que provoca un miedo generalizado entre los habitantes.
Nolasco ha informado que en 2023 se produjeron en España 15.289 denuncias por okupación; y que en Aragón se experimentó un incremento del 8,9% con respecto a 2022, de acuerdo a los datos que dio a conocer el Ministerio del Interior.
El vicepresidente ha alertado que en el entorno de Zamoray-Pignatelli se encuentran «más de 20 edificios okupados ilegalmente». Respecto a dichos casos, ha manifestado que «no estamos hablando de una situación en la que haya familias vulnerables que necesiten una solución habitacional; sino de delincuentes que viven de la amenaza, la extorsión y el robo».
Ha calificado como «terrible» la situación en la que se ven obligados a vivir los vecinos. En consecuencia, ha afirmado que esta Oficina «será el inicio» para dotar de mayor seguridad dentro de la comunidad autónoma de Aragón. Del mismo modo, ha lamentado que «la Ley estatal de Vivienda protege al delincuente en vez de defender la propiedad privada».
