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El 11 de marzo de 2021, Dinamarca, Noruega e Islandia
suspendieron la vacunación con AstraZeneca, a causa de un número de
trombosis sufridas por personas (mujeres en su mayoría) jóvenes y sin
patologías previas. Después fueron Austria, Estonia, Lituania, Letonia y
Luxemburgo quienes se unieron a la lista. Seguidamente en Italia fue
detectada una partida sospechosa que fue retirada de la circulación. A
los pocos días Alemania decidió no utilizar AstraZeneca hasta haber
finalizado una serie de comprobaciones para determinar el origen de los
trombos sufridos por varias personas inoculadas con esta vacuna. A
esta medida, se sumaron Italia y Francia.
En cuanto a España, fue el 15 de marzo cuando el Ministerio de
Sanidad decretó la medida de paralizar durante 14 días la vacunación
con esta marca y todos recordamos aquel sanitario corriendo (no
recuerdo en qué lugar) en dirección a las mesas de inyección para
advertir, con énfasis y gravedad, que había que dejar de vacunar con
AstraZeneca, que se había decretado la orden de parar.
Allí estaban las personas de los grupos elegidos, remangados
hasta el codo, unos con la gomita a punto de ser inoculados, otros con
el algodón pues ya habían recibido su pinchazo, algunos sanitarios con
la jeringuilla goteante a punto de ser inyectada en uno de los brazos
preparados para recibirla, cuando repentinamente, un sanitario muy
zozobrado, con mucha prisa, anunciaba que debía de paralizarse la
vacunación. Qué número!.
A partir de ese momento, todos comenzamos a no entender
absolutamente nada. ¿Qué haría España? ¿Lo mismo que los daneses y
nórdicos? ¿Se alinearía con el bloque mayoritario continental liderado
por Alemania y Francia? ¿Asumiría los dictados de la Organización
Mundial de la Salud, aquella que inicialmente menospreció el uso de
las mascarillas y negó la importancia de los aerosoles?.
A partir de ese momento los dos grandes y diferenciados bloques,
uno el político y otro el científico, cada uno con su propia doctrina, no
han dejado de promulgar sus recetas. De un lado, los científicos que se
hartan de manifestar las virtudes de la vacuna y la poca representación
que suponen los incidentes con los trombos, además de subrayar y
remarcar que los beneficios son mayores que los perjuicios. De otro

lado, los políticos, tomando decisiones en manifiesta oposición a lo que
predican los anteriores y dilucidando: si ponemos o no ponemos
AstraZeneca en general; si se la ponemos a un grupo de edad o a otro;
si los de la primera dosis ya inyectados deben de acoger la segunda tal
y cómo estaba previsto, o mejor, les ponemos una segunda dosis de otra
marca, etc…
Todos estos planteamientos en modo alguno han emanado de
la sabiduría científica, al contrario, son cuestiones puramente
políticas.
Mientras tanto en un programa de la televisión oí como un fulano
animaba a ponerse la vacuna que tocara, sin discriminar entre la
británica o cualquier otra, de la misma forma que tampoco dejábamos
de coger aviones aún a sabiendas de que se estampaban, de vez en
cuando, y causaban muertes.
Hombre no. No se puede comparar el coger un avión con ir a
ponerse una vacuna. En primer lugar, el coger un avión es siempre
optativo y la acción de cogerlo o no cogerlo no acarrea consecuencias a
terceras personas. Y en segundo lugar, el hecho de no coger un avión,
difícilmente te va a llevar a urgencias. Mal ejemplo.
Mientras tanto, algunos centros vacunales los cierran durante
el fin de semana, cómo en Aragón.
En otros que sí que siguen operativos, no llegan los citados
porque tienen pánico a recibir la AstraZeneca.
Y a muchos les sorprende la reacción de algunos ciudadanos que
han tomado la decisión de no vacunarse.
De verdad, ¿ es tan difícil de entender que los ciudadanos
necesitamos SEGURIDAD, CLARIDAD Y PREVISIÓN?
A mayores, como ejemplo de seguridad, claridad y previsión,
destacar las resoluciones en cuanto a la disciplina a seguir en las playas
con respecto a las mascarillas. Y así se publicó un decreto diciendo una
cosa y al día siguiente se publicó otro cuyo contenido era lo contrario.
¿Dónde están las garantías que un Estado de Derecho debe a
sus ciudadanos?
¿Dónde está el comité de expertos tomando las decisiones más
relevantes de los últimos decenios?

¿Quiénes son los expertos que componen el comité de expertos?
¿Qué curriculum tienen, que experiencia tienen?
¿Cómo es posible que esté al mando del Ministerio de Sanidad,
en época de pandemia global, un Filósofo y una Licenciada en Derecho,
alguien que ni siquiera es médico?
¿Dónde está el consentimiento informado de los ciudadanos que
van a recibir su dosis de vacuna, tal y como lo exige la Ley?
Para todos aquellos que se vean perjudicados por la acción o
inacción de las Administraciones Publicas, siempre quedará la posibilidad
de ejercitar la acción de Responsabilidad Patrimonial frente a la
Administración.

Marta Lázaro Oliván – Abogada

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