Esa palabra, chapapote, desconocida para la mayoría de los españoles hasta hace unos años, marcó la imagen de algún político que nunca tuvo responsabilidad directa en el desastre medioambiental originado por el Prestige, un petrolero liberiano que operaba bajo bandera de Bahamas y que se averió y hundió en aguas internacionales, desafortunadamente frente a las costas de Galicia, como pudo haber ocurrido frente a cualesquiera otras. Pero hoy nos enfrentamos en Aragón a un problema medioambiental de primer orden en el que sí parecen concurrir todos los elementos de la responsabilidad política. Me refiero, lógicamente, al incendio forestal de Ateca, que en el momento de escribir estas líneas ya supera las catorce mil hectáreas calcinadas, con un perímetro de decenas de kilómetros. Estamos hablando del que ha provocado una empresa de reforestación que al parecer contaba con todos los permisos administrativos y que realizaba sus labores sobre el terreno en las condiciones más desaconsejables y en circunstancias en las que habitualmente se prohíben otras labores agrícolas, con riesgo extremo de incendio. Una empresa que apenas un mes antes y en una situación muy similar ya había originado otro que calcinó veinte hectáreas, pero tras el que no se consideró necesario tomar medidas adicionales de prevención ni suspender los trabajos. Ésta, la falta de medidas ante ese primer incendio, es una negligencia difícilmente excusable y por la que alguien debería rendir cuentas.
Las políticas medioambientales llevadas a cabo en los últimos años, excesivamente rigurosas, han tenido, como saben bien los habitantes del medio rural, efectos contraproducentes y contrarios a los que se pretenden. Las limitaciones administrativas para cualquier tipo de aprovechamiento tradicional y la falta de limpieza de los montes han incrementado la presencia de maleza hasta niveles difícilmente controlables y muy peligrosos. Son precisamente los agricultores y ganaderos quienes más y mejor contribuyen al control de los montes. Es sabido que la limpieza que realiza el ganado es más efectiva y muchísimo más barata que la que puedan realizar las brigadas forestales, pero llevamos años asistiendo a una drástica reducción de la ganadería extensiva. Este incendio ha dejado en evidencia la nefasta política de limpieza y conservación de nuestros montes por parte del ejecutivo de Lambán, aparte de la más que evidente negligencia en el control de los permisos que concede el INAGA.
Los trabajos se desarrollaban en una finca privada y al parecer consistían en la preparación del terreno y apertura de hoyos para una próxima plantación de árboles. Pero el propósito real no es la regeneración forestal sino la posterior venta de los derechos de emisión de CO2, en un mercado fuertemente especulativo y claramente alcista. Éstos, los derechos de emisión, son uno de los motivos, aunque no el único, que explica la fuerte subida de la luz en los últimos años. La disminución de los derechos que cada año reparten los países miembros de la UE ha encarecido su precio y ha propiciado la aparición de este tipo de empresas, que bajo el disfraz de un falso ecologismo, hacen negocio con un bien artificial y escaso. El CO2 que captan los árboles es compensado, a buen precio, por las empresas energéticas y aeronáuticas que compran su derecho a contaminar. Un negocio no tan limpio como parece.
Esperamos las explicaciones de Lambán y de su consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que considero inevitables. El incendio de Ateca es uno de los mayores registrados en España en lo que llevamos de siglo.
Julio Calvo Iglesias
Presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX en Zaragoza