El vicepresidente Alejandro Nolasco ha anunciado que el Gobierno de Aragón impulsará una reforma de la Ley 3/2021, que regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV), con el objetivo de impedir que los inmigrantes en situación ilegal puedan acceder a esta ayuda. La propuesta, que será presentada en el próximo Consejo de Gobierno y posteriormente elevada a las Cortes de Aragón, busca «no destinar pagas a la inmigración ilegal que detraen dinero a residencias de ancianos o a ayudas a la dependencia».
Qué se ha anunciado
Nolasco ha explicado que, bajo la normativa actual, un inmigrante en situación irregular que alegue vulnerabilidad económica puede recibir hasta 924 euros al mes si ha estado empadronado en Aragón durante un año. Esta cifra, según el vicepresidente, supera la pensión mínima de viudedad para muchas mujeres españolas. «No vamos a conceder ni una paguita pública para la inmigración ilegal y desordenada que se ha convertido en un problema de primerísimo orden para España», ha afirmado.
La reforma también incluirá un endurecimiento de los requisitos para acceder a la PACIMV, exigiendo un «arraigo real, duradero y verificable» que incluya un periodo mínimo de empadronamiento y una trayectoria de cotización a la Seguridad Social.
A quién afecta la medida
La modificación de esta ley tendrá un impacto directo en los inmigrantes en situación irregular en Aragón, que actualmente representan aproximadamente el 15% de la población total de la comunidad. Según los datos proporcionados por Nolasco, más de 1.100 inmigrantes reciben actualmente una media de casi 1.000 euros al mes de esta prestación. El vicepresidente ha subrayado que más de la mitad de estos beneficiarios llevan cobrando la ayuda desde hace más de cuatro años, lo que, a su juicio, fomenta una dependencia económica de las ayudas públicas.
Nolasco ha remarcado que el Gobierno de Aragón destina anualmente 4,5 millones de euros entre la PACIMV y el Complemento Económico para los titulares del IMV, y que el 25% de este gasto corresponde a inmigrantes. La propuesta de reforma busca, según el vicepresidente, garantizar que las ayudas se destinen a quienes realmente las necesitan y que contribuyen al sistema.
La medida ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político y social, con voces a favor y en contra que reflejan la complejidad del debate sobre la inmigración y el estado del bienestar en Aragón. Con esta reforma, el Gobierno de Aragón pretende no solo ajustar el acceso a las ayudas, sino también abordar las preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema de bienestar social en la comunidad.
Esta información se ha elaborado a partir de una comunicación remitida a Diario Aragonés y ha sido editada y revisada por la redacción. Fuente: Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar y Familia.
