La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que llevará a la Junta de Portavoces la inclusión en el orden del día del Pleno del 30 de septiembre de la votación para resolver el recurso de reposición presentado por la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón. Esta deuda, que asciende a 12 millones de euros, se ha mantenido en un limbo administrativo durante cuatro años, según denuncia Ranera, lo que considera un “trato de favor” por parte del Gobierno de Jorge Azcón hacia este centro deportivo privado.

Contexto de la deuda

La situación en torno a la deuda de Tiro de Pichón fue abordada en octubre de 2022, cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad que el club devolviera el dinero que había sido abonado indebidamente al Consistorio. Sin embargo, la portavoz socialista critica que, tras la presentación del recurso por parte de la entidad, el expediente haya quedado paralizado por decisión del Gobierno municipal. “Creemos que hay un amiguismo claro en esta situación”, afirmó Ranera, quien instó a todos los grupos políticos a posicionarse sobre el cumplimiento de la ley.

La portavoz también ha destacado las consecuencias que tendría para Zaragoza no recuperar esta cantidad, sugiriendo que el dinero podría utilizarse para financiar proyectos sociales y educativos, como la construcción de escuelas infantiles o ayudas a comercios afectados por las obras en la ciudad. “Los ciudadanos están pagando religiosamente, mientras que a otros se les permite no hacerlo”, añadió.

Próximos pasos del PSOE

Ranera ha dejado claro que el PSOE no se quedará de brazos cruzados ante esta situación y tomará las medidas judiciales necesarias para evitar que la deuda prescriba. “No hemos venido a mirar a otro lado ni a consentir tratos de favor”, concluyó, reafirmando el compromiso del grupo municipal con la recuperación de los fondos adeudados.

La propuesta de Ranera será debatida en la próxima Junta de Portavoces, donde se espera que todos los grupos políticos se pronuncien sobre el futuro de esta deuda que afecta a todos los zaragozanos. La resolución de este tema podría tener un impacto significativo en las finanzas municipales y en la capacidad del Ayuntamiento para invertir en servicios públicos esenciales.

Esta información se ha elaborado a partir de una comunicación remitida a Diario Aragonés y ha sido editada y revisada por la redacción. Fuente: PSOE Zaragoza.

En La tertulia política, emitida en Antena Aragón y Ebro FM, la portavoz de Vox, Eva Torres, vinculó el apoyo presupuestario a la racionalización del Ayuntamiento de Zaragoza. Su propuesta pasa por estudiar la fusión o integración de patronatos, sociedades y asociaciones municipales, sin perjudicar los derechos del personal laboral.

La racionalización del Ayuntamiento de Zaragoza

Torres describió una estructura formada por el Ayuntamiento, patronatos, sociedades y asociaciones, y puso como ejemplo la gestión cultural. Según explicó, algunas áreas y organismos pueden acumular gerencias, contabilidad y personal administrativo. A su juicio, revisar esta organización permitiría evitar duplicidades y reducir el coste de funcionamiento.

La portavoz también centró su crítica en los cargos de confianza y en la supervisión de los organismos dependientes. Afirmó que estas entidades pueden servir para colocar personal designado por el partido gobernante y elevar el coste institucional.

Sin despidos del personal laboral

Preguntada por el alcance de la propuesta, Torres aclaró que no planteaba despedir al personal laboral. Defendió que sus derechos deben respetarse y sostuvo que, en caso de fusionarse entidades, los trabajadores podrían continuar sus funciones en el Ayuntamiento o en otros organismos.

La portavoz aseguró además que su grupo había trabajado con el consejero de Presidencia, identificado en el audio como el señor Lorén, en un listado de patronatos, asociaciones y sociedades. Según su relato, se analizaron distintas fórmulas y se solicitó un informe antes de trasladar una propuesta a la alcaldesa. Torres señaló que todavía no había un acuerdo cerrado porque esperaba la respuesta de Natalia Chueca y añadió que el PP debía cumplir los compromisos del presupuesto de 2026 antes de pedir apoyo para el de 2027.

Críticas a la acumulación de obras

El debate también abordó la concentración de obras y sus efectos sobre la movilidad. Torres afirmó que vecinos, comerciantes, autónomos y trabajadores están teniendo dificultades para desplazarse y acceder al centro. Atribuyó al Gobierno municipal una planificación orientada a concentrar actuaciones antes de la campaña electoral.

En su valoración, el resultado es una ciudad bloqueada, con ruido, polvo, reducción de carriles y problemas para prestar servicios.

Antena Aragón y Ebro FM. La tertulia política abordó el pulso por la zona de bajas emisiones de Zaragoza, una de las principales diferencias entre Vox y el Partido Popular para alcanzar un acuerdo presupuestario municipal. La intervención atribuida a Eva Torres, de Vox, defendió que la zona no se active ni se sancione a los conductores mientras los niveles de contaminación no lo justifiquen.

La zona de bajas emisiones de Zaragoza, condición para las cuentas

La propuesta planteada pasa por mantener delimitada la zona para cumplir formalmente con su trazado, pero vincular su activación a los registros de contaminación. Torres sostuvo que la medida discrimina a las personas con menos recursos, que no pueden cambiar de vehículo ni adquirir uno eléctrico, y presentó esta exigencia como una condición imprescindible para que Vox apoye el presupuesto.

El Gobierno municipal sitúa la legalidad como línea roja

Durante el debate, Vicente Alcaide trasladó la advertencia atribuida a la alcaldesa Natalia Chueca: el cumplimiento de la legalidad sería la línea roja del Gobierno municipal y un eventual incumplimiento podría poner en riesgo las ayudas al transporte público.

La intervención atribuida a Torres respondió que ese argumento forma parte del planteamiento del Partido Popular y negó que Vox pretenda eliminar la zona. Según su exposición, la ZBE ya es reducida por las condiciones que su grupo habría impuesto cuando permitió su delimitación.

Debate sobre contaminación, fondos y tarifas

La portavoz de Vox sostuvo también que ninguna ciudad habría perdido fondos europeos por no haber activado todavía una zona de bajas emisiones y defendió que la obligación de mejorar la calidad del aire no implica imponer sanciones de forma inmediata. En ese contexto, mencionó el dióxido de nitrógeno y comparó el umbral de aviso que atribuyó a la normativa con la medición máxima que atribuyó a una estación de Zaragoza. La tertulia expuso esas cifras y esa interpretación jurídica sin aportar una comprobación documental independiente.

Torres rechazó además que una eventual pérdida de fondos europeos tuviera que traducirse automáticamente en un aumento del precio del autobús o del tranvía. Afirmó que el Ayuntamiento fija las tarifas y propuso destinar recursos a proteger a las familias y a los autónomos que no pueden renovar sus vehículos.

Alcaide añadió que las ayudas estatales al transporte proceden de medidas adoptadas tras el inicio de la guerra de Ucrania y que los ayuntamientos establecen los precios, con una parte sufragada por cada consistorio. El intercambio dejó abiertas las diferencias sobre la relación entre la ZBE, la financiación europea y las tarifas del transporte público.