Oiga, señor presidente, que la Constitución le obliga a presentar el proyecto de Presupuestos cada año, y usted lleva ya tres, los que llevamos de legislatura, sin hacerlo. Que usted decía cuando gobernaba Rajoy que un Gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. Y que si no era capaz de aprobar unos presupuestos -no hablaba ya de presentarlos-, debía dimitir y convocar elecciones. Respuesta del presidente del Gobierno, acompañada de un significativo encogimiento de hombros: “Sí, y qué”.
Oiga, que usted decía antes de acceder a su cargo actual que la amnistía era inconstitucional porque la Constitución prohíbe expresamente los indultos generales, y que bajo ningún concepto habría amnistía. Y que tampoco habría indultos. De nuevo: “Sí, y qué”, acompañado de otro encogimiento de hombros.
Pero oiga, que usted dijo que no iba a pactar con Bildu, si quiere se lo digo cinco veces, y ahora se están excarcelando etarras de forma anticipada, que era la primera y máxima prioridad expuesta por Otegi. Ya sabe, que si para eso había que votar los presupuestos, los votarían. Y todo ello sin respetar los requisitos de la Ley General Penitenciaria, habiendo cumplido una parte mínima de sus penas, sin arrepentimiento, sin colaboración con la Justicia, y con homenajes públicos a la salida de la cárcel. ¿De verdad no ha pactado con Bildu? No hay respuesta. Silencio.
Señor presidente, que a usted le han declarado inconstitucionales aquellos confinamientos a los que nos sometió cuando lo del Covid, y que deberían haber sido sometidos a la aprobación del Congreso y usted los decidió unilateralmente. Que nos encerró en casa durante meses sin tener facultades para hacerlo. “Si, y qué”.
(A estas alturas del interrogatorio el presidente empieza a mostrar signos de impaciencia, que trata de disimular con una sonrisa forzada).
Es que, mire, usted criticaba esa forma de gobernar a base de reales decretos ley, saltándose los debates parlamentarios, los informes previos de todos los órganos consultivos y del Consejo de Estado, y es lo que lleva haciendo desde que empezó a gobernar, que ha batido todos los récords anteriores de reales decretos ley. Respuesta: “¿Hace falta que conteste?”.
Señor presidente, que según los datos del Consejo de Transparencia, su gobierno es el más opaco de toda la democracia y el que más información pública y relevante está ocultando a los ciudadanos, que no nos explica usted, no digo ya los detalles de aquel aterrizaje de Delcy Rodríguez en Barajas o sus cambios de criterio sobre el Sahara, sino ni siquiera los viajes del Falcon. No hay respuesta.
Señor presidente, que los españoles conocen al menos uno o dos de los nombres de las señoritas de compañía de José Luis Ábalos pero no saben los nombres de sus ministros de Industria o Educación, por citar alguna cartera. ¿Existen esos ministros? Esta es una pregunta impertinente, lo reconozco, y ahí el hombre ha reprimido rápidamente un levísimo gesto de fastidio.
Oiga, que por mucho menos de lo que se está juzgando ahora en el “caso mascarillas”, también llamado “caso Koldo”, usted pedía la dimisión del Gobierno de Rajoy. Respuesta, tras una ostensible contracción de los maseteros rápidamente relajada: “Lo que este país necesita son otros ocho años de gobierno progresista”.
En fin, lo decía el otro día un tertuliano: el buen consejo es “legislemos, o redactemos los contratos, como si fuéramos enemigos para poder vivir luego como amigos”. En España no se hizo eso ni con la Constitución ni con muchas de las leyes posteriores que la desarrollaron, porque nadie previó que pudiera llegar a gobernar alguien dispuesto a saltárselas y a desobedecerlas. Y no se arbitraron las medidas coercitivas para obligar a su cumplimiento, ni las consecuencias políticas o penales de su desobediencia.
Niéguese el lector a presentar la declaración de la renta. ¿No le parece injusto que vaya a sufrir más sanción que el presidente del Gobierno que se niega presentar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado?
Hay muchas reformas pendientes en España, pero posiblemente las más urgentes y necesarias sean esas medidas coercitivas y esas consecuencias políticas y penales para el gobernante que se permita desafiar largamente la Constitución, las leyes o las sentencias de los tribunales. Si no, el próximo o próximos presidentes del Gobierno podrían verse tentados de comportarse exactamente igual que como lo está haciendo Sánchez. Y eso supondrá la muerte de la democracia en España, que ya, hoy, está gravemente herida.
Julio Calvo Iglesias
Exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza
