El diputado turolense Tomás Guitarte ha manifestado la oposición de Teruel Existe a que el Real Decreto-Ley elimine el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de determinadas instalaciones de energías renovables.
Guitarte ha alertado de que se sustituye por un procedimiento «alegal» denominado “procedimiento de determinación de las afecciones ambientales” por el que el órgano ambiental emite “simplemente” un «informe de determinación de afección ambiental”.
Desde Teruel Existe denuncian que estas medidas eliminan derechos de los ciudadanos de manera generalizada e injustificada y reducen severamente la calidad del proceso democrático, eliminando incluso avances políticos de los últimos 40 años respecto al derecho medioambiental o la protección del medio ambiente.
Por otra parte, destacan que el articulado es contrario al “principio de no regresión”, consolidado como una obligación impuesta a los poderes públicos de no modificar o suprimir los estándares de protección medioambiental que supongan una disminución del nivel de protección establecido.
Reiteran que si de verdad este Real Decreto-Ley pretende desarrollar medidas efectivas para la ciudadanía y el tejido empresarial, habría que eliminar los múltiples obstáculos que encuentran los ciudadanos y las empresas. Exigen promocionarlo otorgando incentivos y seguridad jurídica a estas instalaciones a largo plazo, y también facilidades de implantación, así como con la disminución de los trámites administrativos y favorecer los accesos a la red reduciendo los plazos.
En conclusión, consideran que los artículos 6 y 7 en el Real Decreto Ley sólo favorecen a los grandes promotores de macroproyectos y no a los ciudadanos ni a las pequeñas pymes españolas. Afirman que generalizar la baja escala de la producción eléctrica produciría más megavatios de energía renovable y sin impacto ambiental ni socio-territorial, que los que se pretende con las medidas introducidas en este Real Decreto Ley.
