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domingo, abril 18, 2021
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VOX Zaragoza denuncia la “nula voluntad” del Gobierno para ampliar la bonificación de la plusvalía ‘mortis causa’

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza considera que el Gobierno municipal tiene una “nula voluntad” para ampliar la bonificación de la plusvalía ‘mortis causa’, por lo que ha registrado una interpelación en la próxima comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, para que la consejera explique los motivos del retraso en la tramitación de una proposición normativa de VOX –presentada el 14 de octubre de 2020- en la que se proponía ampliar al máximo posible las bonificaciones previstas en la ordenanza fiscal número 9 y extenderlas al conjunto de los inmuebles heredados, dentro de los márgenes de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que solo permite las bonificaciones a los familiares directos. Es decir, una ampliación de las bonificaciones fiscales para las transmisiones ‘mortis causa’. Del mismo modo, VOX presentó una moción en este sentido –aprobada con los votos de VOX, PP y Cs- en el pleno de mayo de 2020.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Zaragoza bonifica al 95% la primera vivienda y al 50% un inmueble adicional. VOX Zaragoza propone que la bonificación del 95% se extienda al conjunto de los inmuebles heredados, de forma que “la plusvalía solo tribute cuando los herederos decidan ponerlos a la venta, y si efectivamente hubiera una plusvalía real”.

“Según dispone el Reglamento Orgánico Municipal, las proposiciones normativas seguirán una tramitación semejante a los proyectos normativos propuestos por la Junta de Gobierno Local, salvo porque deberán someterse a informe jurídico y, en su caso, a informe técnico y económico, por plazo de 30 días. Según dispone el Reglamento Regulador de las Reclamaciones Económico-Administrativas Municipales, corresponde a la Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas, el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales, por lo que cabe suponer que una vez constituida ésta, también sería exigible este último dictamen. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, que supera ampliamente los 30 días de plazo previstos en el Reglamento Orgánico Municipal, no se ha tenido noticia de los preceptivos informes jurídico, técnico y económico, además del dictamen de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas, lo que da pie a varias consideraciones, ninguna favorable, sobre la actitud del Gobierno municipal en este tema”, explica el portavoz de VOX, Julio Calvo.

Calvo considera que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes Inmuebles o de los Terrenos de Naturaleza Urbana -comúnmente conocido como Impuesto de Plusvalía- es “injusto” y “ha sido desde hace muchos años objeto de controversia por coincidir con otras figuras tributarias como los impuestos de Sucesiones y Donaciones o el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”. Una circunstancia que da lugar a una “doble tributación”. Otro motivo de controversia es “la obligación existente hasta fechas muy recientes de tributar incluso en los supuestos de que no se hubiera producido una plusvalía real”.

“En el caso de la compraventa, las propias escrituras de adquisición y venta pueden acreditar de forma fehaciente la inexistencia de plusvalías. En el caso de las adquisiciones por herencias, los medios de prueba disponibles para el contribuyente se reducen a las escrituras notariales, meramente indiciarias, que pueden no coincidir con el valor real de mercado ni tener en cuenta las condiciones de premura con que puedan tener que enajenarse los inmuebles heredados o con la imposibilidad de hacerlo por ausencia de comprador. El informe pericial a menudo es disuasorio debido a su coste”, añade.

Respecto a las transmisiones ‘mortis causa’, Calvo señala varias circunstancias que “penalizan al heredero de un inmueble frente a quienes lo adquieren de forma onerosa”. “Primero, la adquisición del mismo no es voluntaria. Aunque se pueda renunciar a la herencia, sería injusto que hubiera que hacerlo, como a menudo ha ocurrido, por no poder hacer frente a las cargas tributarias. Segundo, el incremento del valor de los inmuebles transmitidos no se experimenta ni pone de manifiesto con motivo de la herencia; sino cuando posteriormente se venda. Tercero  los medios de prueba al alcance del contribuyente son escasos, y a menudo costosos”.

Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, contra la “ficción tributaria”

Por su parte, el presidente de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía y presidente de la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, Francisco Langa, define el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) ‘mortis causa’ como una “ficción tributaria”, en la que los ciudadanos “sufren sin saber por qué tenemos que pagar un impuesto que es tan injusto como difícil de entender”. Subraya que la ‘plusvalía mortis causa’ va “en contra del artículo 31 de la Constitución Española ya que no tiene en cuenta el principio de capacidad económica”. Del mismo modo, “va en contra del artículo 104.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL)”, el cual se refiere a que el incremento de valor debe ser experimentado y puesto de manifiesto en el presente, por lo que “no puede gravarse la renta que potencialmente pudiera obtenerse en el futuro, pues esta a su vez será gravada en la presumible compra venta que en el futuro se produzca”, detalla. Langa lamenta que “los medios de prueba al alcance del contribuyente son escasos, y a menudo costosos”.

“Como componentes de la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones vamos a promover que se modifique el artículo 4 de la Ley de Haciendas Locales y se considere como exención del Impuestos las transmisiones ‘mortis causa’. Además de los argumentos jurídicos, éticos y legales en contra de la plusvalía ‘mortis causa’ están los sociales y humanos, ya que muchos viudos y viudas se ven obligados a pagar unas cantidades, que para algunos no serán muy cuantiosas, pero que para ellos significa el no poder afrontarlas para “recomprar” unos bienes por los que ya pagaron en su adquisición y han seguido pagando en su mantenimiento. Para muchos ciudadanos el pago de este cruel e injusto impuesto supone elegir entre malvender sus bienes o no llegar a final de mes, e incluso en algunos casos que los mismos sean embargados. Es muy difícil comprender como algunos políticos están obsesionados porque nuestra sociedad no se convierta en un paraíso fiscal para unos ricos que muchos desconocemos, y sin embargo nos están condenando a toda la sociedad, especialmente a la clase media y trabajadora, a vivir en un infierno fiscal del cual no podemos escapar”, concluye el vicepresidente de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, Miguel Ángel Ramos.

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