Los trabajadores públicos temporales de Aragón han recordado este viernes con una concentración ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que el Estado español lleva un año sin dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a sancionar el abuso de temporalidad en las Administraciones y han destacado que no acatar la normativa europea va a suponer un inmenso perjuicio económico para España, en forma de sanciones de la UE, veto a los fondos europeos de recuperación e indemnizaciones a los temporales despedidos que acuden a la Justicia.
Los sindicatos convocantes han criticado que el ministro de Función Pública, Miquel Iceta, no hizo mención a este deber legal para España en su comparecencia ante el Congreso del jueves y en lugar de «reconocer la necesidad de estabilizar en sus empleos a los temporales que llevan décadas sosteniendo el sistema público del bienestar, como hizo en su discurso de toma de posesión» se siga apostando por convertir las plazas temporales en fijas mediante Ofertas Públicas de Empleo, en contra de lo dictado por los jueces europeos.
La concentración, que ha reunido a un centenar de representantes de las entidades convocantes, se ha celebrado en el primer aniversario de la trascendental sentencia del TJUE, que falló no solo que las administraciones públicas españolas llevan más de veinte años incumpliendo la Directiva 99/70/CE, que obliga a que las plazas para atender necesidades permanentes sean cubiertas con personal fijo, sino que además sacar estas plazas a oposición, como pretende el Gobierno con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, no basta para solucionar el problema, porque no asegura la compensación a las víctimas del fraude de temporalidad ni castiga a los responsables del abuso.
En el acto, representantes de los afectados han escenificado como tras años e incluso décadas de servicio a los ciudadanos y haber probado sobradamente su valía pueden perder su trabajo y su petición a la Justicia para reclamar como solución la fijeza en sus puestos, mediante su conversión en personal fijo a extinguir, de los trabajadores con más de tres años en situación de abuso. Esa figura o cualquier otro tipo de solución que lleve la estabilización real del personal en abuso, para no dejar a nadie atrás.
Desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) se ha incidido en que este sistema da cumplimiento a la norma europea sin coste para las arcas públicas, ya que la otra vía posible sería indemnizar por despido a los afectados. Además, la UE ya prepara sanciones contra España por no transponer a su legislación la citada Directiva, y también, la Comisión Europea ha recalcado que poner coto al problema de la temporalidad es una exigencia para recibir los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia, que ascienden a 140.000 millones de euros.
Así se pide al Ministerio de Función Pública «hablar de personas y no de plazas» y que se no se abandone a miles de trabajadores y trabajadoras, muchos mayores de 50 años, y cerca de un 70% mujeres, «solo con agradecer los servicios prestados». Se estima que solo en la Administración autonómica aragonesa, serían más de 17.000 los interinos que llevan más de tres años con contrato temporal, el límite establecido legalmente.
Las reclamaciones también incluyen la continuidad de la oferta de plazas no ocupadas por personal en abuso, la tasa de reposición del 100% de las plantillas o un plan nacional de inspecciones para que en el futuro no se repita esta situación en ninguna administración.
La concentración en Aragón ha estado organizada por STEPA y otras siete formaciones: SOMOS (Alternativa Sindical Solidaria de Aragón), STEA (Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Aragón), Colectivo Asambleario de Trabajadores/as de Aragón (CATA), Médicos Eventuales de Aragón, SF (Sindicato Ferroviario), y STOPEL (Sindicato de Trabajadores de Opel) yla Intersindical ISTA. A nivel estatal, las movilizaciones en este aniversario han sido convocadas en toda España en 12 ciudades por la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT), que une a las organizaciones de afectados en las distintas comunidades y administraciones.
Desde STEPA y el resto de entidades que secundan esta protesta de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) se recalca que las movilizaciones no pararán hasta que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se reúna con ellos y negocie las medidas para otorgar la debida protección a los temporales abusados. De igual forma, han solicitado una reunión con el Gobierno de Aragón para abordar las medidas que se pueden adoptar en el ámbito regional.
