Si algo ha dejado claro la primera sesión del debate de investidura es que nadie se fía de nadie. Que los pactos apalabrados son solo una promesa que posiblemente no se cumplirá….si se puede evitar. Sánchez reconoció que con la amnistía ha tenido que hacer «de la necesidad virtud«. Lo que no explicitó es cual era esa «necesidad». La suya propia o la del país que aspira a presidir.
Por su parte los independentistas catalanes también dejaron claro que no se fiaban de Sánchez y que la duración de la legislatura dependería de lo que fueran capaces de arrancarle mes a mes. También dejaron claro que lo que Sánchez calificaba de reconciliación con Cataluña, para ellos era simplemente una necesidad de Sánchez y que no renunciaban a la independencia ni a la unilateralidad en sus decisiones.
Por su parte Feijóo tuvo una primera intervención brillante en la que afeó a Sánchez haber sido investido en Waterloo, comprando el apoyo de los independentistas, algo que calificó de corrupción política. Feijóo le vaticinó a Sánchez que «a usted la historia no le admistiará«.
Por su parte Santiago Abascal fue quien utilizó un lenguaje más duro, calificando la investidura de Sánchez de Golpe de Estado. La presidenta del Congreso Francina Armengol le solicitó que retirara esta afirmación bajo amenaza de retirarla ella misma del diario de sesiones, algo a lo que Abascal se negó de forma rotunda.
Abascal llegó a comparar a Sánchez con Chávez, Maduro e incluso con Hitler, tiranos que llegaron al poder mediante los votos para posteriormente eliminar la democracia.
Tras su intervención y sin esperar a escuchar la réplica parlamentaria del candidato a presidente, tanto él como el resto de diputados de Vox abandonaron el hemiciclo anunciando su participación en las concentraciones ciudadanas contra la amnistía.
En resumen la investidura del primer candidato a presidente que se presenta tras no ser el partido más votado en unas elecciones generales ha evidenciado un parlamento fragmentado e irreconciliable, con una andadura bastante incierta y en la que los acuerdos políticos van a ser puntuales y basados en la amenaza del adelanto electoral. Con una grave crispación social, con el poder judicial manifestando su denuncia y preocupación por la injerencia del ejecutivo en sus funciones e independencia y con una situación económica que puede resentirse por la crisis de legitimidad política.
