Antena Aragón y Ebro FM abordaron en La tertulia política la comunicación del incendio de Riglos y la información difundida por canales oficiales del Gobierno de Aragón sobre la petición de prisión provisional para un investigado.
La jueza de Jaca ha abierto una pieza separada para esclarecer cómo se difundieron esos datos y determinar si pudo vulnerarse el deber de reserva durante las actuaciones judiciales.
Investigación sobre la comunicación del incendio de Riglos
El debate analizó si la difusión oficial pudo afectar a la presunción de inocencia. Marta Bengochea, portavoz de Izquierda Unida, consideró que, si se confirmara una difusión irregular, el episodio sería grave.
También se relacionó la investigación con declaraciones que, según se expuso, pudieron apuntar prematuramente a un trabajador y con una estrategia de culpabilización. Estos extremos no se dieron por confirmados durante la conversación.
Cautela ante el procedimiento judicial
Ana Pardo, diputada de Vox, defendió esperar al resultado del procedimiento. También recordó que la prisión provisional solo puede solicitarse dentro del proceso judicial por quienes están legitimados para ello, como la Fiscalía o una acusación particular, y no por un medio de comunicación ni por un consejero.
Debate sobre una posible condena pública anticipada
La conversación incorporó asimismo unas declaraciones atribuidas durante el programa al consejero Bermúdez de Castro, utilizadas para debatir si pudo existir una condena pública anticipada.
La cuestión no quedó cerrada. Las intervenciones coincidieron en la necesidad de investigar lo ocurrido, Marta Bengochea puso el foco en una posible responsabilidad política y Ana Pardo insistió en que la valoración definitiva corresponde al procedimiento judicial.