Antena Aragón y Ebro FM. La tertulia política abordó el pulso por la zona de bajas emisiones de Zaragoza, una de las principales diferencias entre Vox y el Partido Popular para alcanzar un acuerdo presupuestario municipal. La intervención atribuida a Eva Torres, de Vox, defendió que la zona no se active ni se sancione a los conductores mientras los niveles de contaminación no lo justifiquen.
La zona de bajas emisiones de Zaragoza, condición para las cuentas
La propuesta planteada pasa por mantener delimitada la zona para cumplir formalmente con su trazado, pero vincular su activación a los registros de contaminación. Torres sostuvo que la medida discrimina a las personas con menos recursos, que no pueden cambiar de vehículo ni adquirir uno eléctrico, y presentó esta exigencia como una condición imprescindible para que Vox apoye el presupuesto.
El Gobierno municipal sitúa la legalidad como línea roja
Durante el debate, Vicente Alcaide trasladó la advertencia atribuida a la alcaldesa Natalia Chueca: el cumplimiento de la legalidad sería la línea roja del Gobierno municipal y un eventual incumplimiento podría poner en riesgo las ayudas al transporte público.
La intervención atribuida a Torres respondió que ese argumento forma parte del planteamiento del Partido Popular y negó que Vox pretenda eliminar la zona. Según su exposición, la ZBE ya es reducida por las condiciones que su grupo habría impuesto cuando permitió su delimitación.
Debate sobre contaminación, fondos y tarifas
La portavoz de Vox sostuvo también que ninguna ciudad habría perdido fondos europeos por no haber activado todavía una zona de bajas emisiones y defendió que la obligación de mejorar la calidad del aire no implica imponer sanciones de forma inmediata. En ese contexto, mencionó el dióxido de nitrógeno y comparó el umbral de aviso que atribuyó a la normativa con la medición máxima que atribuyó a una estación de Zaragoza. La tertulia expuso esas cifras y esa interpretación jurídica sin aportar una comprobación documental independiente.
Torres rechazó además que una eventual pérdida de fondos europeos tuviera que traducirse automáticamente en un aumento del precio del autobús o del tranvía. Afirmó que el Ayuntamiento fija las tarifas y propuso destinar recursos a proteger a las familias y a los autónomos que no pueden renovar sus vehículos.
Alcaide añadió que las ayudas estatales al transporte proceden de medidas adoptadas tras el inicio de la guerra de Ucrania y que los ayuntamientos establecen los precios, con una parte sufragada por cada consistorio. El intercambio dejó abiertas las diferencias sobre la relación entre la ZBE, la financiación europea y las tarifas del transporte público.