“Estamos convencidos que desde el Gobierno de Aragón podemos hacer aportaciones importantes a los planes que en estos momentos tiene en marcha el Ministerio de Justicia, tanto en materia tecnológica como en las modificaciones procesales para menguar los efectos que la COVID 19 están causando en el sistema judicial. Intercambiar datos para que las administraciones, operadores y usuarios se vean beneficiados al cruzar su información con la de otros sectores es fundamental, lo mismo que la implantación de una serie de medidas para una Justicia digital y sostenible, aspectos con los que estamos plenamente identificados”, indicó la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, María Angeles Júlvez.
La directora general de Justicia del Gobierno de Aragón realizó hizo esta valoración tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Justicia que a lo largo de la mañana de hoy ha tenido lugar en el Parador de Lerma (Burgos), bajo la presidencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Los representantes de las Comunidades Autónomas conocieron los detalles del Anteproyecto de Ley de Reforma Procesal para la implantación de Medidas de Justicia Digital y Sostenible. Esta propuesta normativa quiere centrarse en el problema de la ralentización de los procedimientos desde varias perspectivas. Por un lado, la mejora de la eficacia y la implantación de medidas que permitan al actual sistema de la Administración de Justicia atender en tiempo razonable y útil la tutela judicial que demandan los ciudadanos.
El texto busca conseguir también la implementación de medidas para la transformación digital del servicio público de Justicia. Por último, quiere potenciarse la capacidad negociadora de las partes mediante el impulso de la mediación y la introducción de otros medios adecuados de solución de controversias”.
“Es evidente que la COVID 19 va a generar más litigios, es decir, más carga de trabajo y, por tanto, hay que introducir soluciones para que la actividad se acerque lo más posible al ritmo normal e incluso mejorado y que, de esta forma, quienes litigan no sean penalizados de antemano por el retraso y la incertidumbre en las soluciones judiciales que reclaman. En este sentido, creo que podemos hacer aportaciones”, indicó María Angeles Júlvez.
Como primer pilar de este proyecto legislativo el Ministerio de Justicia quiere modificar determinados trámites que rigen los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales para que la respuesta sea lo más ágil y eficiente posible, todo ello sin afección a los principios esenciales de inmediación y oralidad ni merma de las garantías procesales. Estas modificaciones en todos los órdenes jurisdiccionales fueron puestas en conocimiento de los representantes de las comunidades autónomas.
En otro orden de cosas, el Ministerio expuso el nuevo modelo de gobernanza en el que está trabajando, con una Justicia orientado al dato, su gestión y su uso para facilitar la gestión del sistema público de Justicia.
El compromiso asumido en la Conferencia Sectorial fue el de promover, en un marco de reciprocidad, un modelo abierto de gestión de datos que permitan un mejor servicio público de Justicia y compartir, también en el mismo marco de reciprocidad, este modelo de gestión con las instituciones públicas que dispongan de datos relevantes para desarrollar políticas públicas.
Finalmente, el Ministerio expuso el documento Justicia 2030, un Plan que nace para estar en permanente evolución. El Ministerio de Justicia ha hecho un trabajo previo con operadores jurídicos, sociales y con las áreas de gestión del propio Ministerio para elaborar un primer borrador como punto de partida que a partir de septiembre debe ser mejorado con trabajo y diálogo con las comunidades autónomas. El objetivo del debate es identificar aquellos proyectos que responden a las necesidades de cada comunidad autónoma para poder impulsarlos en común.
