El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, ha abogado por “rebajar la carga burocrática” y “revisar los criterios de elegibilidad” de los proyectos de inversión durante su comparecencia en las Cortes de Aragón para presentar el informe de fiscalización sobre el Fondo de Inversiones de Teruel correspondiente al ejercicio de 2016.
Bajo la premisa de contribuir a que el FITE resulte un “instrumento útil y eficaz, que contribuya a generar renta, crear empleo y fijar población en la provincia de Teruel”, Alfonso Peña se ha mostrado satisfecho por ver atendida la recomendación de recuperar el carácter plurianual del plan de inversiones, lo que, en su opinión, ha acabado con el “gran lastre” que los convenios anuales supusieron entre 2012 y 2016. En esa línea de mejora, el presidente del órgano fiscalizador ha propuesto “rebajar la carga de burocracia” y el “endiablado” proceso que hay que afrontar porque, según ha recordado, “en ninguno de los ejercicios se consiguió firmar el convenio anual antes de los ciento cincuenta y cuatro días posteriores a la aprobación de los Presupuestos”.
Peña ha explicado en la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas que el nuevo convenio acota de forma “más precisa” el concepto de proyecto de inversión para acabar con las “discutibles” aportaciones de capital que durante años la Cámara de Cuentas ha detectado que han ido destinadas a compensar pérdidas, como en el caso de los ocho millones de euros de la Ciudad del Motor y el millón de euros al Parque Tecnológico del Motor. En ese sentido, Peña se ha mostrado abierto a que las inversiones del FITE también puedan destinarse a “un despliegue de los servicios públicos” en la provincia de Teruel, a semejanza del fondo de compensación interterritorial, para favorecer inversiones en infraestructuras sanitarias y educativas.
Sobre los remanentes de inversión estatal no ejecutada, Peña ha explicado que el convenio contempla una cláusula que “obliga mucho” a Aragón, puesto que, “para mantener el equilibrio financiero” entre administraciones, le fuerza a poner cuarenta millones de euros adicionales a los treinta que destina al FITE cada año para poder invertir esas cantidades procedentes del Estado en nuevos proyectos hasta 2023.
Peña ha circunscrito la alta tasa de morosidad de SUMA Teruel a los “años más duros de la crisis”, durante los que atendió solicitudes de financiación que el sistema convencional había rechazado y de las que dependía la continuidad de las empresas. “Creemos que la solución de exigir un sesenta por ciento de cofinanciación privada contribuirá a solucionar este problema”, ha opinado.
Por último, a cuenta de la falta de justificación de muchas subvenciones directas, el presidente de la Cámara de Cuentas ha apuntado a la falta de tiempo como causa principal. “Hubo años en los que los proyectos se asignaron en noviembre y había que justificarlos en diciembre y, por muy buen gestor que se sea, así no hay manera de articular un procedimiento de concurrencia competitiva”, ha considerado.
Durante el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, el socialista Óscar Galeano ha resaltado la importancia de lograr que esta Comisión sea “lo más ágil posible para evitar demoras en el tiempo” y ha mostrado su “preocupación” por que la inversión pública “no arrastre” a la iniciativa privada, lo que supone que tenga poca influencia. Por su parte, la parlamentaria de PP Ana Cristina Sainz ha puesto su atención en la “falta de eficacia, de control interno y de transparencia” del FITE, así como “su escaso impacto positivo” en la provincia y ha criticado la falta de información que el informe refleja sobre los cuatro millones de euros recibidos por la Diputación Provincial de Teruel.
José Luis Saz (Ciudadanos) ha considerado que, a tenor del informe, “hay motivos para el sonrojo” porque los objetivos para los que se creó el FITE “quedan lejos de cumplirse” y ha reflexionado si no hubiera sido más provechoso haber accedido al fondo de compensación interterritorial para destinar las inversiones a infraestructuras educativas y sanitarias. Para la diputada de Podemos EQUO Aragón Erika Sanz, el informe prueba que muchos proyectos de inversión del FITE han ido al pago de gasto corriente y ha puesto como ejemplo de deficiencias la Ciudad del Motor y los ocho millones de euros de pérdidas que ha vuelto a generar, así como las concesiones directas de subvenciones “no justificadas claramente”.
En el caso de CHA, Carmen Martínez ha reflexionado sobre el origen y el sentido del FITE, así como la conveniencia de mantener su carácter plurianual. Además, refiriéndose a la Ciudad del Motor, ha considerado que “se ha dejado de lado” el Parque Tecnológico del Motor en el reparto de inversión. Desde Vox en Aragón, Marta Fernández ha estimado que “el impacto FITE no ha sido muy importante pese a los millones recibidos desde 1993 porque apenas representan algo más de un punto del PIB de la provincia”. También ha criticado la morosidad del cuarenta por ciento y la falta de transparencia de SUMA Teruel.
Por último, el diputado del PAR Jesús Guerrero ha considerado que las recomendaciones de mejora de la coordinación estatal y autonómica “se está solucionando” y ha planteado a Peña varias cuestiones sobre el seguimiento eficaz de los ingresos y gastos y la inclusión de un anexo para justificar las cuentas.