El departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un proceso participativo para detectar nuevos retos y líneas de actuaciones de cara a la elaboración de la futura Estrategia Aragonesa de Economía Social. Esta semana se han desarrollado grupos de trabajo en las tres capitales de provincia con el objetivo de realizar un diagnóstico compartido y avanzar conjuntamente en la definición de la futura Estrategia Aragonesa de Economía Social.
Las sedes de CEEIARAGON en Huesca y Teruel y la del Centro de Tecnologías Avanzadas del INAEM en Zaragoza han acogido estos talleres en los que han participado profesionales y expertos en distintos campos de la economía social. Durante estas sesiones se ha avanzado en la elaboración de un diagnóstico sobre la situación actual del sector, en la detección de sus fortalezas, problemáticas y referentes, y en la definición de los objetivos de esa futura estrategia en la que el departamento de Economía, Planificación y Empleo trabaja desde hace unos meses junto al sector, tal y como se hizo para la elaboración del proyecto de Ley de Economía Social, que se encuentra ya en tramitación en las Cortes de Aragón.
El objetivo de esa nueva norma es fomentar este tipo de economía, regular y visibilizar el sector, y dar respuesta a la creciente relevancia de estas entidades. Todo ello, reconociendo su importante aportación a la sociedad e impulsando su capacidad de generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible. Para alcanzar estos objetivos, uno de los aspectos clave que recoge el proyecto de ley es precisamente la coordinación e instrumentación de las políticas y medidas de apoyo, incluidas las económicas y las dirigidas a reducir progresivamente las cargas administrativas y burocráticas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector. Unas políticas que, para lograr la máxima eficacia y eficiencia, se recogerán en la Estrategia Aragonesa de Economía Social.
A este pilar de la nueva ley se suman otros dos aspectos fundamentales: el reconocimiento, impulso y fomento de las entidades sociales de Aragón en todos los ámbitos de la sociedad aragonesa, con especial atención al educativo, al medio rural y al empleo, poniendo en valor este sector económico; y la integración del sector, hasta ahora disperso, para aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral y estimular la dinamización del autoempleo y del emprendimiento enraizado en el territorio, teniendo como protagonistas a las personas.
Trabajo con el sector
El contenido del Proyecto de Ley se definió en el seno del Grupo de Trabajo de Economía Social en el que, además de distintos miembros del departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, participan representantes de la Asociación de Economía Social de Aragón (CEPES), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, la Asociación Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales (ASES), el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Patronal Aragonesa de la Discapacidad (PADIS), la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI), la Asociación Empresarial Aragonesa para la Discapacidad Intelectual (ARADIS), el Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral (OADI) y la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza.
La economía social engloba distintas actividades económicas y empresariales desarrolladas por entidades que se caracterizan por el respeto a valores comunes y cuyo motor principal no es la rentabilidad financiera, sino los beneficios para toda la sociedad. El Gobierno de Aragón apuesta por fomentar y difundir este sector en nuestra Comunidad Autónoma, que continúa creciendo tanto en materia de empleo como en el porcentaje del valor añadido bruto (VAB) que representa. En Aragón existen algo más de 5.000 entidades de economía social, que representan cerca del 6% del total de empresas existentes en nuestra Comunidad y dan empleo directo a alrededor de 20.000 personas (el 3,4% del empleo total aragonés). Estas entidades facturaron más de 2.500 millones euros en 2019, y contribuyeron al desarrollo económico de Aragón generando un valor añadido bruto cifrado en más de 400 millones de euros, lo que supone el 1,2% del total territorial.