El Gobierno de Aragón ha iniciado el proceso para la aprobación de un nuevo Reglamento General del Juego, que busca actualizar y unificar la normativa existente en la Comunidad Autónoma. Este reglamento, que se somete a información pública a partir del 29 de diciembre, tiene como objetivo reforzar la protección de los colectivos más vulnerables frente a los riesgos asociados al juego.
**Plazo para alegaciones y consulta pública**
El anuncio de la consulta pública se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón, donde se establece un plazo de dos meses para que los ciudadanos puedan presentar alegaciones. El texto del nuevo reglamento estará disponible en el Portal de Transparencia desde la misma fecha. Una vez finalizado este periodo, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el reglamento, teniendo en cuenta las alegaciones y los informes finales.
Este nuevo reglamento se deriva de la Ley 9/2023, que fue aprobada en la anterior legislatura y que modificó la Ley 2/2000 del Juego de Aragón. Entre las principales novedades que se introducen se incluyen medidas para el juego responsable, control de acceso y limitaciones en la publicidad, así como la creación de una base legal para reglamentos específicos del sector.
**Cambios significativos en la normativa**
El proyecto de Reglamento General del Juego contempla varias medidas clave, como la reducción del número de puestos de juego en establecimientos de hostelería, limitándolos a un máximo de dos por local, y tres en casos excepcionales. También se establece un límite de 5.600 autorizaciones para máquinas recreativas, frente a las 6.200 que estaban vigentes. Además, la duración de las autorizaciones se amplía a cinco años y se limita el funcionamiento de las salas de bingo hasta las 02:00 horas, alineándolas con el horario de los salones de juego.
El reglamento mantiene la distancia mínima de 500 metros entre locales de juego para la concesión de nuevas autorizaciones, una medida que ya estaba contemplada en la normativa anterior. Con estas acciones, el Gobierno de Aragón busca establecer una regulación más ordenada y adaptada a la realidad social actual, garantizando un mayor control sobre el sector y una protección adecuada para la ciudadanía.
