El Gobierno de Aragón ha sido reconocido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con uno de los galardones de la XII edición de los Premios a la Calidad de la Justicia, gracias a su proyecto de digitalización segura que ha situado a la administración aragonesa como la primera de España en obtener la certificación de “categoría alta” del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito judicial.
El premio, entregado en la modalidad de entidades vinculadas a la Administración de Justicia, destaca el proyecto “La seguridad como pilar de la eficacia”, impulsado desde la Dirección General de Justicia, que ha supuesto una transformación estructural y operativa de los sistemas de información judicial en Aragón. La distinción convierte a esta comunidad autónoma en referente nacional en términos de protección, integridad y disponibilidad de los datos y procedimientos judiciales.
“Se trata de un reconocimiento muy importante que nos convierte en ejemplo de cómo se puede mejorar la eficacia y la transparencia judicial a través de la tecnología segura”, ha valorado Jorge Cañadas, director general de Justicia del Gobierno de Aragón. Según ha explicado, el objetivo ha sido “dotar de la máxima seguridad a todos los datos, procesos y gestiones de la Administración de Justicia”, en un entorno que maneja una gran cantidad de información especialmente sensible y crítica.
Un cambio integral en la seguridad digital
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Estado, establece los requisitos mínimos de seguridad para los sistemas que manejan información pública. Dentro de este esquema, la “categoría alta” es la más exigente y se aplica a sistemas considerados críticos, cuya alteración podría comprometer el funcionamiento de servicios esenciales.
Para alcanzar esta certificación, el Gobierno de Aragón puso en marcha un ambicioso proceso de transformación, que incluyó la creación de un Comité de Seguridad en el que participaron los principales actores del sistema judicial aragonés, como el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Fiscalía y la propia Dirección General de Justicia.
El proceso, que se extendió durante más de seis meses, implicó la ejecución de medio centenar de medidas técnicas y organizativas, la realización de auditorías internas y externas, y la celebración de treinta sesiones de formación y concienciación para el personal judicial. En total, más de 1.000 profesionales de la Justicia han recibido formación específica sobre las nuevas herramientas y protocolos de seguridad.
Coordinación institucional y apoyo técnico
El desarrollo del proyecto ha sido posible gracias al trabajo conjunto de varias entidades: el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), la empresa pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) y la Dirección General de Justicia. Todos ellos han colaborado para garantizar que los nuevos sistemas cumplen con los estándares más elevados de confidencialidad, autenticidad, trazabilidad y disponibilidad.
Además de garantizar la seguridad, el nuevo modelo ha permitido optimizar los procedimientos internos, reducir los tiempos de gestión y mejorar la eficiencia global del sistema judicial aragonés, tanto para los profesionales como para la ciudadanía.
Un impulso a la confianza en la Justicia
Desde el CGPJ han destacado que el proyecto aragonés “fortalece la confianza de ciudadanos y profesionales en la Administración de Justicia”, al demostrar que es posible avanzar hacia una justicia más moderna, accesible y robusta en materia de ciberseguridad.
Este reconocimiento se produce en un contexto de creciente digitalización de los servicios públicos, donde la protección de los datos y la fiabilidad de los sistemas se han convertido en elementos clave para el funcionamiento y la legitimidad institucional. Con esta certificación, Aragón se sitúa a la vanguardia del proceso de digitalización segura de la Justicia en España.
Este logro se suma a otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo autonómico, como el traslado del Registro Civil de Zaragoza a la Ciudad de la Justicia, que también busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y la atención al ciudadano a través de infraestructuras modernizadas y tecnológicamente avanzadas.
