El apagón eléctrico que paralizó buena parte de España ha puesto en evidencia las debilidades del sistema de producción y tarificación eléctrica nacional. Mientras Red Eléctrica investiga las causas de la pérdida súbita de 15 gigavatios, surgen interrogantes sobre la influencia de las grandes compañías eléctricas en un sistema que permite que pequeñas decisiones empresariales puedan impactar dramáticamente en el suministro y en los precios.
El sistema de producción y tarificación eléctrica en España es, desde hace años, un delicado equilibrio entre los intereses del Estado y los de las grandes empresas del sector. Mientras que el Estado persigue garantizar un suministro eléctrico estable y seguro para todos los ciudadanos, las compañías eléctricas, como es natural en un sistema de mercado, buscan maximizar su rentabilidad.
Para asegurar el suministro, especialmente en situaciones donde la producción renovable (solar y eólica) o la generación hidroeléctrica puedan fluctuar por razones climáticas, es imprescindible contar con una «reserva» de generación mediante ciclos combinados, que utilizan gas para producir electricidad. Esta energía, sin embargo, es notablemente más costosa de producir que la proveniente de fuentes renovables o hidráulicas.
Con el fin de fomentar las inversiones privadas en estas costosas plantas de ciclo combinado, el Estado aceptó un mecanismo de tarificación peculiar: toda la electricidad producida en España cada día se paga a las compañías eléctricas al precio del sistema de generación más caro que haya entrado en funcionamiento. Es decir, si es necesario activar una planta de ciclo combinado, toda la electricidad —incluso la generada más barata mediante fuentes renovables o hidráulicas— se remunera al precio del gas.
Este modelo ha sido calificado en múltiples ocasiones como «perverso», ya que las principales compañías eléctricas son, a su vez, propietarias tanto de centrales de ciclo combinado como de infraestructuras de generación renovable e hidroeléctrica. De esta forma, tienen en sus manos la capacidad de influir indirectamente sobre los precios: basta con que, en determinados momentos, regulen o reduzcan la producción renovable o hidráulica para forzar la entrada de los ciclos combinados y disparar así el precio de toda la electricidad generada.
La jornada de ayer presentó un escenario inédito. La producción de electricidad mediante fuentes fotovoltaicas y eólicas alcanzó cifras récord, hasta el punto de que, en algunas horas, el precio de venta de la electricidad llegó a ser cero debido a la sobreproducción frente a la demanda. En este contexto, surgen preguntas inevitables: ¿y si, en ese momento, las empresas propietarias de las centrales hidroeléctricas —que son básicamente dos— decidieron detener o reducir drásticamente su producción?
Una desconexión repentina de la producción hidroeléctrica en un momento de alta saturación de renovables podría explicar un fenómeno tan inusual como la «desaparición» de 15 gigavatios de generación en apenas cinco segundos, el evento que desencadenó el apagón eléctrico más grave del que se tenga registro reciente en España.
Desde un punto de vista estrictamente económico, ¿La operación tendría sentido? Forzar la necesidad de activar las centrales de gas elevaría de inmediato el precio de mercado de la electricidad, multiplicando los beneficios de las compañías implicadas.
¿Fue esto lo que realmente ocurrió? Nos lo tendrá que decir Redesa o el presidente de Gobierno y su respuesta requiere una investigación exhaustiva. Hasta el momento El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Red Eléctrica (Redesa), la entidad responsable de la operación del sistema eléctrico, no han aclarado nada. Deberán ofrecer explicaciones claras y transparentes lo antes posible.
Si algo ha dejado claro el apagón de ayer es que el actual modelo eléctrico en España no solo necesita respuestas inmediatas sobre lo ocurrido, sino también una revisión profunda de sus fundamentos. La pregunta ya no es solo qué provocó la caída del sistema, sino hasta qué punto el diseño del mercado eléctrico deja a la ciudadanía expuesta a los intereses económicos de unos pocos. Mientras Red Eléctrica y el Gobierno investigan, la confianza pública pende de un hilo. La transparencia, esta vez, no es opcional: es una obligación democrática.
