La confederación, que agrupa a 935 entidades de toda España, 40 de ellas pertenecientes a Plena inclusión Aragón, exige a Pedro Sánchez que no se olvide de uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad
La confederación de Plena inclusión España, que agrupa a 935 asociaciones, 40 de ellas integradas dentro de Plena inclusión Aragón, demanda que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado ayer Pedro Sánchez, no se olvide de las necesidades de las entidades sociales que trabajan apoyando a 140.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias (4.500 personas usuarias en Aragón, apoyadas por 10.000 familiares).
«Esperamos que este ambicioso proyecto aterrice en la realidad de las personas, especialmente de colectivos con mayor impacto como las personas con discapacidad, entre ellas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias», defiende Santiago López, presidente de Plena inclusión España. Esta confederación espera que ya en los próximos presupuestos se articulen medidas urgentes y aterrizadas en las justas demandas de las entidades sociales de la discapacidad.
«La situación de los 4.000 centros y servicios de Plena inclusión que atienden en ámbitos centrales como la educación, el empleo, la salud, la vivienda, los derechos, y trabajan por la dignidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, es crítica», denuncia López.
En Aragón, la situación es similar a la del resto de España. «Sin duda, estamos viviendo la mayor crisis social y económica de nuestra historia reciente, y aun así vemos que, lejos de incrementarse el apoyo a nuestras entidades, se reduce o extingue la ayuda», lamenta Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón. «Ello va a suponer una merma en nuestra capacidad de atender a las personas cuando más lo necesitan, situación que nos resulta totalmente incomprensible».
Con una infrafinanciación arrastrada desde la crisis financiera del año 2008, las entidades han visto agravada su ya de por sí precaria situación con la llegada de la pandemia. De acuerdo a las estimaciones de Plena Inclusión Aragón, la aplicación de medidas de prevención frente a la covid-19 está suponiendo un aumento del 22% del coste de la plaza en sus centros diurnos y de un 30% en sus servicios residenciales, sin que las administraciones que han exigido estas medidas hayan financiado su aplicación.
Ante estas circunstancias, las entidades pueden verse abocadas a situaciones económicas y laborales límite, en las que incluso se vean obligadas a llevar a cabo expedientes de regulación de empleo, aun cuando ahora los trabajadores son más imprescindibles que nunca. Y es que una atención de calidad que requiere de recursos, de formación y, sobre todo, de una estructura socioeconómica que garantice la sostenibilidad de la mayor red de atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de España, la única en Aragón.
La presentación realizada por el presidente del Gobierno del proyecto de transformación del país tras los efectos sanitarios, sociales y económicos de la covid-19 y la inversión millonaria de recursos provenientes de Europa, trae un rayo de esperanza a uno de los grupos humanos más golpeados por la pandemia y más olvidado por las ayudas de las administraciones públicas. No obstante, Plena inclusión espera que los ejes expuestos de avance (transición ecológica, digitalización, cohesión social y territorial e igualdad de género) se concreten en proyectos realizables que se incluyan en una agenda transversal con la que se responda a las grandes necesidades del sector y se garantice la necesaria inversión en una parte de la sociedad que puede quedar invisibilizada frente a otras prioridades.
En concreto, Plena inclusión solicita al Gobierno:
• Compensar de forma inmediata los esfuerzos económicos que para atender los retos planteados por la covid-19 han puesto en peligro la viabilidad económica de las asociaciones.
• Avanzar en un nuevo sistema educativo, que extienda la educación inclusiva y planes de competencia digital, con los que luchar contra la brecha digital para garantizar una educación de calidad para los niños y niñas con necesidades educativas especiales.
• Promover el empleo de las personas con discapacidad y apoyar a los centros especiales de empleo y servicios de inserción laboral.
• Desplegar políticas de apoyo a las familias y garantizar sus ingresos, con un aumento de prestaciones y medidas fiscales.
• Emprender estrategias de desinstitucionalización y tránsito a nuevos servicios sociales basados en la comunidad.
• Revisar los precios públicos que se han incrementado de forma exponencial.
• Una agenda de digitalización que incorpore la accesibilidad cognitiva.
El presidente de Plena inclusión España añade: “Nuestras organizaciones están realizando un esfuerzo titánico en estos meses, pero están exhaustas y necesitan una inyección inmediata de recursos de todo tipo para hacer frente a todas las respuestas de esta compleja y difícil situación”.
