VOX reclama una valoración pormenorizada del coste de las competencias propias, las delegadas, y las impropias. El grupo municipal denuncia que el Ayuntamiento solapa estructuras y duplica gastos.
En el mes de diciembre de 2019, el grupo municipal VOX presentó una moción en la que se solicitaba que los servicios del Área de Presidencia, Hacienda e Interior realizaran una valoración pormenorizada del coste de las competencias delegadas e impropias que ejerce el Ayuntamiento de Zaragoza. Así como de aquellas otras que tienen la consideración de propias y en particular las que tienen carácter asistencial o de servicio público (educativas, servicios sociales, juventud, fomento del empleo…). Pero que también son prestadas en todo o en parte por otras administraciones públicas y en particular por el Gobierno de Aragón.
Aquella moción fue aprobada, aunque no hay constancia de que se haya llevado a cabo el estudio que se solicitaba.
A lo largo del año transcurrido de la actual Corporación se ha debatido mucho, a instancia la mayoría de las veces del grupo municipal VOX, sobre la conveniencia de mantener muchas de las competencias impropias, distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, y más en la delicada situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza y en general el conjunto de las administraciones públicas españolas, fuertemente deficitarias.
A vueltas con la Ley de Capitalidad: serias dudas
Nuestro grupo tiene serias dudas de que las competencias que la Ley de Capitalidad de Zaragoza atribuye a nuestro Ayuntamiento con el impreciso mandato “podrá ejercer”, lo hayan sido mediante la técnica legislativa adecuada y cumpliendo las condiciones previstas en el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En concreto, albergamos serias dudas de que la mencionada Ley de Capitalidad de Zaragoza haya evaluado, durante su tramitación de manera suficiente, la conveniencia de la implantación de los servicios locales que propone conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
Y más teniendo en cuenta que los que propone ejercer al Ayuntamiento de Zaragoza son otros distintos de los enumerados en la LRBRL.
Asimismo, tenemos serias dudas de que la citada Ley haya ido acompañada durante su tramitación de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros del Ayuntamiento.
Igualmente, tenemos serias dudas de que la Ley de Capitalidad haya previsto, la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera del Ayuntamiento de Zaragoza.
Y finalmente, tenemos serias dudas de que se haya garantizado, que no se produce una atribución simultánea de las mismas competencias a otra Administración Pública. Ya que, muchas de ellas, se están ejerciendo de manera simultánea por el propio Gobierno de Aragón (entre otras administraciones más).