La Dirección General de Justicia y las organizaciones sindicales con implantación entre el funcionariado de este ámbito (UGT, CCC, CSIF y STAJ) han alcanzado un acuerdo para la implantación, tras superar el plan piloto, de una II Fase de teletrabajo en todas las sedes judiciales de la Comunidad Autónoma de Aragón que arrancará el próximo 15 de septiembre y se prolongará hasta el 15 de julio de 2021.
Este acuerdo se plasma en una resolución firmada por la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, María Angeles Júlvez, y es el primero que se alcanza en una comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia.
La propia directora general de Justicia indicó que “en todo caso, hemos querido conjugar la seguridad laboral y las necesidades del servicio. Se trata de que los funcionarios puedan optar al teletrabajo y a la vez conciliar esta modalidad con la presencia que exigen numerosas actuaciones judiciales”.
El acuerdo recoge que el número de funcionarios que podrán acogerse al teletrabajo, siempre de forma voluntaria, será de un máximo del 30% de la plantilla del órgano judicial o fiscal. Cuando el número de solicitantes de teletrabajo sea mayor que el resultado de aplicar este porcentaje, podrá establecerse un turno rotatorio semanal.
Los funcionarios podrán teletrabajar un máximo de tres días a la semana en su domicilio y al menos dos días a la semana tendrán que cumplir con una asistencia presencial.
Por otra parte, el funcionario utilizará medios propios idóneos para esta modalidad laboral y tendrá que declarar expresamente en su solicitud que tiene el equipamiento suficiente para teletrabajar. Desde las 9 hasta las 14.30 horas el funcionario deberá estar localizable por vía telefónica y correo electrónico.
El pacto con los sindicatos implica también que cada dos semanas el letrado de administración de Justicia responsable del órgano judicial valorará el trabajo realizado por el funcionario teletrabajador, registro que tendrá que comunicar al secretario/a coordinador/a provincial respectivo/a además de proponer la continuidad o la suspensión de esta modalidad laboral de cada funcionario que la realice de su juzgado, sección o sala. En caso de propuesta de suspensión, será la Dirección General quien adoptará la decisión pertinente.
Por otra parte, cada mes, la Dirección General de Justicia de Aragón valorará también la experiencia adquirida y el trabajo realizado en esta nueva modalidad. La suspensión de la autorización será expresa, y tácita la continuidad de la autorización.
Opción del teletrabajo
Hasta el día 21 de Julio de 2020, y tras la declaración de la pandemia, 298 funcionarios de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Aragón, el 36% de la plantilla posible, se habían acogido voluntariamente a la implantación del sistema de teletrabajo, una de las alternativas para cumplir con la jornada laboral para los funcionarios de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Aragón, medida que permitía trabajar desde sus domicilios con flexibilidad de horarios, posibilidad de conciliar vida familiar y laboral y no necesitar movilidad.
El reparto de funcionarios que teletrabajaron en esta etapa en la Comunidad Autónoma ha sido el siguiente: Tribunal Superior de Justicia de Aragón (11); Huesca (29), Barbastro (7), Boltaña (1), Fraga (2), Jaca (1), Monzón (3), Teruel (14), Alcañiz (4), Zaragoza (203), La Almunia (4), Calatayud (8), Caspe (2), y Ejea (9).
La plataforma para poder teletrabajar, habilitada por la Dirección General de Justicia y la empresa pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), se basa en una conexión por escritorio remoto desde un ordenador en el domicilio al que se utiliza habitualmente en el lugar de trabajo, con lo cual pueden realizarse las mismas tareas que las completadas en el puesto laboral habitual.
Cada uno de los trabajadores y trabajadoras que optaron por esta modalidad laboral recibieron una guía para poder trabajar de la forma más saludable.
La prestación del servicio se basa, igualmente, en maximizar las condiciones de seguridad por la sensibilidad de los datos a tratar. Los funcionarios, debidamente autenticados, acceden a gestionar los escritos presentados y las demandas, como si estuvieran en su puesto de forma presencial, a través del sistema de gestión procesal Avantius y con acceso igualmente al resto de aplicaciones necesarias para avanzar y completar gestiones y procedimientos.
