· Los próximos Presupuestos Generales del Estado deben garantizar que España sale del vagón de cola de la cooperación en Europa. Los fondos destinados a esta política pública deben aumentar 900 millones de euros con respecto a los presupuestos prorrogados de 2018, lo que supondría llegar a 3.500 millones. Tal medida es esencial para alcanzar el 0,5% al final de la legislatura. La apuesta por la cooperación demostrará el papel que España quiere jugar en el mundo y en la solución de los problemas que nos afectan como humanidad.
Las consecuencias de la pandemia están golpeando duramente a países que ya enfrentaban graves problemas económicos, medioambientales, sanitarios o educativos. En otros casos, la emergencia sanitaria está siendo utilizada como excusa para expoliar los territorios, endurecer leyes contra la libertad de expresión ciudadana, perseguir a defensores y defensoras de derechos humanos o recortar derechos humanos esenciales. En estos contextos, la cooperación es esencial para apoyar a la sociedad civil local, promover la garantía de los derechos humanos y sostener condiciones básicas de vida.
Según datos de nuestro último Informe, 734 personas realizan su trabajo como cooperantes en más de 100 países. Visitamos Brasil, Colombia, la India y Mali para analizar la situación en la que se encuentran estos países, y mostrar el trabajo que las personas cooperantes realizan mano a mano con la sociedad civil.
Brasil. Fernando Arnal. Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados, Entreculturas.
Cooperante internacional voluntario. Trabaja con población migrante en la frontera con Venezuela.
Contexto. Brasil es contraste. Uno de los países más desiguales del planeta; con abundancia de recursos naturales frente al empeño de esquilmarlos; con numerosos movimientos sociales frente al populismo y la corrupción política más enraizada. El actual contexto político está marcado por el conflicto y la destrucción de todo lo conseguido. Los retos son mayúsculos: descontento político popular, altísimos niveles de trabajo informal, recorte de los derechos más fundamentales o recuperación del prestigio internacional.
El impacto de la pandemia y la respuesta ciudadana. La pandemia ha empeorado las condiciones económicas, de infraestructuras y de capacidad sanitaria que venían siendo denunciadas desde hace mucho tiempo. La sociedad civil y las organizaciones humanitarias han activado de manera inmediata para ofrecer una protección e integración que, a menudo, es negada por las instituciones públicas.
En el caso de la frontera con Venezuela, la ciudad de Boa Vista, donde trabajamos, acoge a más de 40.000 migrantes de Venezuela, Haití, Colombia y Cuba. 5.000 personas llegaron a estar en la calle sin un lugar en el que vivir. Como respuesta a esta situación, se realizaron «ocupaciones espontáneas», es decir, utilización de espacios públicos y privados abandonados para garantizar condiciones mínimas de vida. Familias brasileñas también abrieron sus casas para acoger solidariamente a las personas migrantes.
Es llamativo que esta situación ocurra en un país en el que la migración fue siempre una seña de identidad con una de las políticas migratorias más avanzadas del mundo.
El Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados es una de las instituciones que se han convertido en referencia en la atención a población migrante. Solo en 2019, atendió a más de 21.200 personas en áreas como protección, documentación, medios de vida, formación e inserción en el mercado de trabajo, traslados a otros estados de Brasil con mejores posibilidades laborales, asistencia a las ¨ocupaciones espontáneas¨.
Colombia. Beatriz Gil. Mundubat.
Trabaja en la defensa de los derechos humanos.
Contexto. Las expectativas de los Acuerdos de Paz llevaron a soñar con una Colombia diferente; la realidad nos muestra que solo fue un espejismo. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde la firma del Acuerdo, en noviembre de 2016, hasta el 21 de agosto de 2020 han sido asesinadas 1 000 personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y 215 excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.
Este goteo de violencia e inseguridad viene acompañado de 33 masacres documentadas por las Naciones Unidas (45 masacres, según INDEPAZ); adolescentes y jóvenes han sido víctimas directas en muchas de ellas, y el mundo rural es el principal foco de esta práctica. El Gobierno colombiano acusa exclusivamente al narcotráfico, permite la estigmatización de las víctimas, promueve la militarización e ignora los múltiples factores de riesgo que vive la sociedad colombiana. Implementar los Acuerdos de Paz es base fundamental para poner en marcha mejoras estructurales que tanto necesita Colombia.
La respuesta ciudadana. En los últimos meses muchas han sido las movilizaciones ciudadanas para demandar la protección de la vida, la reactivación del diálogo entre el Gobierno y la guerrilla ELN y la implementación del Acuerdo de Paz.
La cooperación internacional –en la que Mundubat es un actor más– juega un rol muy relevante en la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia, no solo por el trabajo que desarrollamos con las organizaciones locales sino también por nuestro papel en la denuncia de violaciones de derechos humanos que se siguen produciendo. Los puntos recogidos en los Acuerdos de Paz son parte fundamental del trabajo que realizamos las organizaciones internacionales en Colombia: apoyo a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, a jóvenes; fortalecimiento de liderazgos sociales, especialmente a mujeres, y acompañamiento en el proceso de reincorporación de ex combatientes.
India. Adelaida García. Medicus Mundi Guipuzkoa.
Trabaja por el derecho a la salud.
Contexto. India es el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes, casi un 18% de la población mundial; dos tercios de su población, 833 millones de personas, viven en zonas rurales y remotas que dependen esencialmente de la agricultura. El espectacular auge económico de los últimos años no ha permitido no ha afectado a los 364 millones de personas que sufren pobreza multidimensional. Los niveles de desigualdad son escandalosos. Aunque el sistema social de castas se abolió en la Constitución de 1949, continúa perpetuando las desigualdades extremas; existe también una enorme y persistente brecha de género.
El impacto de la pandemia y la respuesta ciudadana. Durante los meses de abril y mayo, millones de personas se vieron obligadas a volver a sus casas a causa del confinamiento. Un 37% de la población india (453 millones de personas) son migrantes de zonas rurales que trabajan en las ciudades. La falta de ingresos y las pésimas condiciones higiénico sanitarias pésimas de los «slums» en los que viven, hicieron que cientos de miles de personas regresaron a sus hogares a pie durante cientos de kilómetros. La India se ha convertido en el tercer país con mayor número de muertes por la pandemia en todo el mundo.
La sociedad india cuenta con una historia de trabajo social comunitario anterior a la profesionalización del «trabajo social». A lo largo de todo su territorio y en todas sus comunidades existen organizaciones sociales locales que trabajan para su propia mejora con un compromiso comunitario extraordinario y descomunal. Las mujeres lideran esa labor y en el contexto actual no ha sido diferente.
La cooperación internacional, y en concreto Medicus Mundi Guipuzkoa, es crucial en estos momentos complejos para apoyar el trabajo que realiza la sociedad civil organizada. En nuestro caso trabajamos para conseguir el pleno ejercido de los derechos de las personas y los pueblos, de forma especial la salud y el acceso universal a una atención sanitaria de calidad. Acompañar el trabajo que se realiza en el área de la salud es determinante en un contexto con importantes carencias sociosanitarias.
Mali. Eva Delgado. Movimiento por la Paz (MPDL).
Trabaja con cultura de paz, migraciones y desarrollo rural.
Contexto. Mali no está siendo especialmente golpeada por la pandemia en términos sanitarios, aunque sí en la situación socioeconómica. A ello se une la situación política inestable; un cóctel con efectos devastadores sobre la población. La falta de alimentos y empleo, el aumento de la violencia ejercida contra las personas más vulnerables, así como la alta mortalidad materno infantil son, entre otros, los grandes retos sociales. Existe, además, una importante inseguridad desde la zona norte a la zona centro y oeste donde desde 2012 actúan grupos yihadistas y grupos armados.
El 18 de agosto el país sufrió un golpe de Estado militar sin altercados violentos y con el beneplácito de la sociedad civil. La credibilidad del ahora ex presidente Ibrahim Boubacar Keita estaba muy deteriorada: a la pobreza extrema y a la falta de desarrollo económico y de soluciones al contexto de inseguridad del país, se le suman escándalos de corrupción. En este momento, el futuro inmediato del país está en el aire. Se ha creado una Junta para garantizar la transición hacia una nueva etapa. LA comunidad internacional y la CEDEAO han condenado la situación.
La respuesta ciudadana. Desde el pasado mes de junio, multitudinarias manifestaciones tomaron las calles para mostrar su desconfianza ante un sistema político y un gobierno que no ha dado respuesta a los problemas y descontento social. El llamado «Movimiento 5 de junio» recuerda que el nuevo poder no debe llegar con un cheque en blanco, sino que debe abordar cuanto antes los problemas que se arrastran desde hace más de una década en temas de seguridad, estancamiento económico y social y corrupción.
Por otra parte, Mali es un país con una gran tradición y facilidad al asociacionismo. La sociedad civil se organiza desde el ámbito micro, pequeñas asociaciones de jóvenes, pescadores, mujeres, etc. La sociedad civil juega un papel fundamental a la hora de fomentar la promoción de los derechos humanos de la población, así como incidir en las políticas públicas y en la rendición de cuentas.
