Los sindicatos sanitarios -CesmAragón, SATSE y FASAMET- han reclamado por escrito a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón el cese inmediato del gerente del Sector III del Salud por no garantizar la seguridad del personal y el buen estado de las instalaciones a su cargo. La solicitud incluye también la puesta en marcha urgente de cinco medidas para garantizar la seguridad del personal sanitario de todo Aragón frente al incremento de las agresiones sanitarias.
Esta petición de dimisión se ha formalizado por la falta de respuesta a sus reclamaciones tras los recientes graves sucesos en el Centro de Salud de Tauste, con agresiones a los trabajadores y rotura violenta de las instalaciones. Sin embargo, se recalca que no se trata de un episodio aislado y son precisas medidas para proteger al personal sanitario y no sanitario en todos los centros de salud.
Los sindicatos sanitarios resaltan que el SALUD tiene el deber legal de proteger a sus trabajadores, según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Igualmente, como propietario de las instalaciones “tiene la obligación de denunciar los destrozos ocasionados según marca la ley 6/2002, de Salud de Aragón.
“Dada la postura mantenida por el gerente del Sector III a la hora de buscar soluciones para los hechos denunciados y al ser este sector, que, por desgracia, es en el que también han ocurrido otras graves agresiones a profesionales e instalaciones pedimos el cese inmediato del gerente del Sector III por su falta de respuesta”, concluye la petición enviada a la consejera de Sanidad.
Los Sindicatos sanitarios de Aragón señalan que si no se atiende su reclamación, en el plazo de un mes, se plantearán otras acciones, como denuncias a la Inspección de Trabajo por no velar por la salud de los trabajadores o acciones penales de los responsables del departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud por poner en riesgo la integridad física de los trabajadores incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Igualmente señalan que, en caso extremo, el personal sanitario de los centros podría abandonar, previa notificación a sus superiores, su puesto de trabajo si está en riesgo su integridad física de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debido a la inacción del Gobierno de Aragón para aplicar medidas como las propuestas que garanticen la seguridad de los profesionales sanitarios.
RECUERDAN LAS MEDIDAS URGENTES RECLAMADAS
1ª Dotar con un vigilante de seguridad cada centro de trabajo (centro de salud), durante el horario de apertura al público, tanto en el ámbito urbano como en el rural, e incluso en el periodo de Guardias en los centros rurales, previa contratación conforme a la legislación de seguridad privada y la legislación de contratación del sector público. Esta medida deberá aplicarse con carácter urgente e inmediato en los centros que acaban de sufrir agresiones en los profesionales y en las instalaciones.
2ª Instalar cámaras de seguridad (videovigilancia) en las zonas comunes (puerta de entrada/salida, vestíbulo, zona de admisión, salas de espera, etc.) de los centros de salud. En centros de salud aislados o ubicados en zonas conflictivas, las cámaras de seguridad se instalarán también en el exterior del edificio, controlando el perímetro y accesos (puerta principal de acceso, puertas accesorias, entrada y salida al garaje).
3ª Instalar un “botón del pánico” inalámbrico (alarma conectada con una central receptora de alarmas y con video-verificación), en las mesas de trabajo de todas las dependencias con acceso de público/usuarios de los centros de salud (consultas, despachos, mostrador de recepción/admisión, etc.). Dotación de un botón similar al de teleasistencia para las salidas exteriores en los centros de salud rurales.
4ª Dotar de una “pulsera de geolocalización” (pulsera localizador GPS y comunicaciones GSM/4G, con botón de pánico y llamadas de emergencia) a los profesionales sanitarios cuando se desplazan fuera del centro de salud para ejercer sus funciones asistenciales (desplazamientos a otros núcleos distintos al núcleo en el que esté ubicado el centro de salud, asistencia domiciliaria, etc.).
5ª Que la titular del Departamento de Sanidad eleve al Gobierno de Aragón un proyecto de decreto-ley en el que se tipifique como infracción administrativa grave las agresiones verbales (insultos) por los usuarios a los empleados públicos en los centros sanitarios públicos y como infracción administrativa muy grave las agresiones físicas o psicológicas, sancionadas pecuniariamente con multa de entre 500 € y 3000 € y entre 3001 € y 30.000 €, compatible con la responsabilidad penal y civil que de tales hechos se puedan derivar (delitos de atentado a la autoridad, de daños, lesiones, coacción, etc.).
