“Un ataque al empleo y la empresa, que no solo no dará equilibrio al sistema de pensiones, sino que dificultará la recuperación de ambos y el diálogo social, más necesario que nunca en una situación económica tan compleja como la actual”. Así de rotundo se ha mostrado el Presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, al valorar la decisión del Gobierno de subir un 0,6% las cotizaciones sociales pese al rechazo frontal de los representantes empresariales en el diálogo social, CEOE y CEPYME.
Aumentar las cotizaciones sociales y hacer recaer esta medida fundamentalmente sobre las empresas – que deberán asumir el 0,5%- es “tirar piedras contra el propio tejado de la Seguridad Social”, puesto que supone una nueva carga y un aumento de costes. De este modo, se dificulta todavía más la productividad, recuperación y competitividad empresarial y, por tanto, la generación de empleo en un contexto económico ya muy complicado e inestable.
Por ello, CEOE Aragón considera que la medida va en dirección totalmente contraria a lo que es necesario y debería ser el objetivo prioritario de todos: impulsar el mayor incremento posible del número de trabajadores y empresas cotizantes, que es la mejor opción para lograr el equilibrio efectivo de la Seguridad Social.
La decisión adoptada con respaldo de los sindicatos atenta, además, contra equidad intergeneracional puesto que carga sobre los trabajadores actuales y futuros (en principio entre 2023 y 2032) esta subida, sin medidas para propiciar el aumento de cotizantes, del que dependen sus futuras pensiones, y abriendo ya el propio texto la posibilidad de propuestas adicionales reduciendo el porcentaje de gasto en pensiones sobre PIB o incrementando (nuevamente) los tipos de cotización, si la decisión actual se demuestra insuficiente.
La subida de cotizaciones supone, así mismo, que los trabajadores reciban de forma efectiva como salario un porcentaje menor de los costes laborales que su empresa paga por ellos, frente al mayor porcentaje que recibe la Administración.
La subida de cotizaciones es, en suma, totalmente contraproducente para trabajadores, empresas y equilibrio de las pensiones, y requerirá nuevas nuevas correcciones y medidas que, lamentablemente, partirán de una situación de falta de acuerdo muy negativa para cualquier decisión que afecte a un tema tan relevante.
