El Consejo de Gobierno también ha aprobado un Plan Antifraude de la Universidad de Zaragoza, cuyo objeto es sistematizar y adaptar los controles antifraude para lograr que la Universidad de Zaragoza sea modélica en la gestión e implementación de fondos y políticas públicas y en la gestión vinculada con el ámbito contractual, subvencional, ejecución de gastos y RRHH. En el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 13 de diciembre se aprobó una Declaración Institucional, como un elemento indispensable del documento de Plan Antifraude que ahora se aprueba.
El 29 de septiembre se aprobó la Orden HFP/1030/2021, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Entre sus previsiones destaca la obligación que impone en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos, que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Por Resolución del Rector de 2 de diciembre de 2021, se procedió a la creación y nombramiento de los miembros de la Comisión Antifraude de la Universidad de Zaragoza, como órgano colegiado para el seguimiento del plan. Dicha comisión tiene como funciones: velar por el correcto desarrollo y cumplimiento del plan a lo largo de todo 2022, así como coordinar y programar las acciones para su implementación, analizar su funcionamiento y proponer modificaciones, e Informar periódicamente al Consejo de Gobierno y al Consejo Social sobre las actuaciones relativas al mismo.
La formación e información se configura como la base de desarrollo del plan. Es absolutamente necesario que todo el personal, en todos los niveles jerárquicos y organizativos, se corresponsabilice en la lucha contra el fraude y la corrupción. Para ello se establecerán planes de formación específicos.
Por otro lado, en cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, es necesario la inclusión de un canal de denuncias que permita atender las posibles irregularidades detectadas con arreglo a lo estipulado por la citada directiva. Para ello, dentro la sede electrónica de la Universidad de Zaragoza se añadirá la funcionalidad definida para estas situaciones, con vía directa para la comunicación de sospechas de fraude o situaciones irregulares conforme a las definiciones que se dan en este documento.
Asimismo, la Orden HFP/1030/2021 especifica posibles actores implicados en el conflicto de intereses: los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago y otros agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es, y los beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con fondos del PRTR, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.
