El Gobierno de Aragón y el sector de la hostelería unirán sus fuerzas para tratar de plantear una estrategia común ante el Gobierno de España que permita que las Ayudas a la Solvencia que no se han ejecutado se puedan incorporar en 2022 para dar “un impulso importante y más medido”. Así lo han decidido después de un encuentro de trabajo que han mantenido en la sede de Hacienda del Gobierno de Aragón. Ambas partes se han emplazado a mitad de enero para poder conformar una posición sólida ante el Gobierno de España.
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, y el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, han profundizado en el diálogo y en el planteamiento de estrategias comunes con el presidente de Aragón de Cepyme, Aurelio López de Hita, en un encuentro en el que también han estado presentes el presidente de Cafés y Bares de Zaragoza, José María Marteles; el presidente de la Federación de Empresarios de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza, Fernando Martín; el presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca Carmelo Bosque, y el Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios Turísticos de Teruel Roche Murciano.
La sesión de trabajo ha servido también para reivindicar “la sensibilidad” que ha tenido el Gobierno aragonés con el sector, al que se han dirigido importantes y diversas ayudas financiadas con fondos propios, de las que “se hará balance” en un futuro inmediato para que los beneficiarios y los aragoneses en general sepan en qué se han gastado sus recursos y los que han llegado del Gobierno de España.
No obstante, el principal objetivo de la sesión de trabajo de hoy era la de unir posturas para reivindicar ante el Gobierno de España que los fondos de las Ayudas a la Solvencia que se han quedado sin ejecutar sigan en manos de las comunidades autónomas.
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, ha explicado que, salvo Baleares y Canarias, que tuvieron un tratamiento diferente con estas ayudas, la mayor parte de las comunidades se han quedado en torno al 50% de ejecución de las mismas. Y eso quiere decir que algo “se nos ha escapado a todos”, ya que los requisitos se aprobaron mediante un Real Decreto en el Congreso de los Diputados. Por eso, y para conformar una opinión que sea “fruto de la reflexión”, que permita defender ante el Gobierno de España la necesidad de incorporar esos fondos a 2022 a fin de que tengan “un impulso importante y más medido”, el Gobierno de Aragón y el sector de la hostelería se han emplazado a mediados de enero para avanzar en sus planteamientos que deberán contar necesariamente con el apoyo de las organizaciones empresariales en Madrid.
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