El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado durante los dos primeros años de la XIV Legislatura un total de 95 acuerdos con las comunidades autónomas, que han evitado conflictos de competencias y recursos ante el Tribunal Constitucional.
En este balance positivo en el ecuador de la Legislatura, resultado de la política de impulso al diálogo y a la negociación para reducir la conflictividad, destacan los acuerdos alcanzados en el último año. En 2021, se alcanzaron 55 acuerdos finales (con independencia de que el acuerdo de inicio se hubiera firmado o no en 2021), siendo 51 acuerdos finales totales y 4 parciales.
Comparando estos datos con el año anterior, hay que destacar el incremento de acuerdos finales alcanzados en 2021 respecto a 2020, puesto que en 2020 se firmaron 31 acuerdos finales (con independencia de que el acuerdo de inicio se hubiera firmado o no en 2020), siendo 30 acuerdos finales totales y 1 parcial.
La conflictividad se reduce un 76%
Desde el inicio de la XIV Legislatura se han alcanzado un total de 89 acuerdos finales totales y 6 acuerdos finales parciales (con independencia de que el acuerdo de inicio se haya firmado o no en la presente Legislatura), haciendo un total conjunto de 95 acuerdos finales (ANEXO con el listado de los acuerdos). Las comunidades autónomas que más acuerdos han alcanzado con el Estado son las de Cataluña (13), Canarias (12), Illes Balears (10), Galicia (7) y Andalucía, Navarra y Murcia (6 cada una de ellas).
Además, desde junio de 2018 (cuando el PSOE accedió al Gobierno) se han aprobado 1.016 normas autonómicas con rango de Ley, sobre las que el Estado solo ha interpuesto 23 recursos, lo que representa que se han recurrido solo el 2,26% de las normas autonómicas aprobadas en este período.
En comparación con la XII Legislatura (julio 2016-junio 2018), se aprobaron 391 normas autonómicas con rango de Ley, sobre las que el Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad contra 37, lo que representa que se recurrió el 9,46% de las normas autonómicas aprobadas en dicho periodo.
Por tanto, la conflictividad se ha reducido en un 76,1% dado que entre julio de 2016 y junio de 2018 se recurrió el 9,46% de la normativa aprobada y desde junio de 2018 se ha recurrido el 2,26% de la normativa aprobada hasta hoy.
Cinco acuerdos en el último mes
Los últimos casos incluidos en los 95 conseguidos hasta el ecuador de la Legislatura son los cinco acuerdos alcanzados el pasado mes de diciembre con la Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Cantabria y Extremadura, en relación a cinco normas sobre las que existían discrepancias en materia competencial.
Los acuerdos de diciembre, como en meses anteriores, se alcanzaron abriendo un proceso de negociación impulsado por el Ministerio de Política Territorial en las comisiones bilaterales de cooperación, a través artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, instrumento jurídicamente habilitado para la colaboración con las comunidades autónomas.
Últimos acuerdos alcanzados en diciembre:
– Decreto Ley Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación (Navarra).
Ambas partes hacen constar que el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra ha promovido la correspondiente modificación legislativa del precepto cuestionado incluyéndola en el Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra. Asimismo, ambas partes coinciden en que el artículo 13 ha de interpretarse de acuerdo con la legislación básica del Estado y, en concreto, con los artículos 1 y 2 del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, en cuanto a la definición y régimen aplicable a las instalaciones de pequeña potencia.
– Decreto Ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19 (Comunitat Valenciana).
En relación con los artículos 13 y 29. 2 del Decreto-Ley 6/2021, el Gobierno de la Generalitat Valenciana se compromete a promover la correspondiente modificación legislativa de estos preceptos.
– Decreto Ley 3/2021, de 12 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Illes Balears).
El acuerdo alcanzado hace referencia a distintas cuestiones en materia de contratación pública y también sobre la atribución temporal de funciones al personal interino, que solo procede en los términos de lo dispuesto en el artículo 73 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
– Ley 1/2021, de 4 de marzo, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria.
El acuerdo alcanzado hace referencia, principalmente a distintas cuestiones referidas al régimen de infracciones y de licencias de pesca.
– Decreto Ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Extremadura).
El acuerdo alcanzado implica una modificación legislativa de los artículos 17, 30 y 35 por parte de la Junta de Extremadura. Y, en relación con el artículo 24.3, ambas partes interpretan que lo recogido en el mismo se entiende en el marco y de conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en estricta aplicación del mismo.
