El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial publica hoy en el BOA la orden por la que se invita a grandes empresas e instalaciones, sujetas a comercio de derechos de emisión, a que manifiesten su interés de acceder a las diferentes líneas de ayudas destinadas al apoyo de inversiones productivas, así como a impulsar inversiones encaminadas a lograr la reducción de las emisiones de gases de efectos invernadero en la provincia de Teruel, enmarcadas en el Fondo de Transición Justa.
El umbral máximo que puede solicitar una empresa, por el reglamento de exención de categorías, serían cien millones de euros. Para grandes empresas, estas intensidades de ayuda máximas serán del 20% en la provincia de Teruel.
El Fondo de Transición Justa (FTJ) es un nuevo instrumento en el marco de la política de cohesión de la U.E. para el periodo 2021-2027 que tiene el objetivo de mitigar los efectos negativos de la transición climática, prestando apoyo a los territorios más perjudicados y a los trabajadores afectados y promover una transición socioeconómica equilibrada. Se trata del primer pilar del Mecanismo de Transición Justa, junto a otros dos vectores: un régimen específico en el marco del programa InvestEU, que pretende atraer inversiones privadas, y un mecanismo de préstamo para el sector público con el Banco Europeo de Inversiones para movilizar inversiones adicionales en favor de las regiones afectadas.
Las acciones que reciban apoyo del FTJ deben contribuir directamente a hacer posible que las regiones y las personas afronten las repercusiones sociales, laborales, económicas y medioambientales de la transición hacia los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y una economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, con arreglo al Acuerdo de París y al Pacto Verde Europeo.
El Fondo de Transición Justa debe abarcar a todos los Estados miembros, pero la distribución de sus recursos financieros debe centrarse en los territorios más perjudicados por el proceso de transición climática, debido a su dependencia de los combustibles fósiles. La provincia de Teruel ha sido incluida en el Anexo D del Informe País 2020 que publicó la Comisión Europea, junto a otras 7 provincias en España, como destinataria de 91,7 millones de euros del FTJ.
El alcance de este FTJ establece que se podrán apoyar inversiones productivas en empresas distintas de las pymes, siempre que se justifique que, en ausencia de la inversión, las pérdidas esperadas de puestos de trabajo superarían el número previsto de puestos de trabajo creados. Además, estas inversiones productivas no deben conducir a reubicaciones ni ser fruto de ellas.
Por otro lado, el citado artículo ocho contempla como subvencionables los proyectos asociados a instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión, siempre que den lugar a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sustancialmente por debajo de los parámetros de referencia establecidos para una asignación gratuita. Además, deberán ser actuaciones necesarias para la creación de un número significativo de puestos de trabajo.
El plazo de presentación telemática de las propuestas, ante la Dirección General de Energía y Minas, es de veinte días naturales. La convocatoria no es vinculante, pero para que los proyectos puedan optar a futuras líneas de ayudas que se convoquen en próximos años, éstos deben estar incluidos en el Plan Territorial a elaborar por el Estado miembro.
