La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno de Aragón contra el Ejecutivo central, tras la negativa de este último a convocar la Conferencia de Presidentes. Este paso judicial responde al recurso presentado por la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno aragonés, autorizado previamente por el Consejo de Gobierno el pasado 31 de julio.
El proceso se inició tras la remisión, el 26 de julio, de un informe-propuesta elaborado por la consejera de Presidencia, Economía y Justicia de Aragón, Mar Vaquero, quien solicitó las acciones judiciales correspondientes para garantizar el cumplimiento de la normativa que regula la Conferencia de Presidentes.
El Gobierno de Aragón basa su recurso en el artículo 4 del Reglamento de la Conferencia de Presidentes, publicado en la Orden TER/257/2022 de 29 de marzo, que establece la obligación del presidente del Gobierno de España de convocar este órgano al menos dos veces al año. Según la normativa, esta convocatoria puede ser realizada por iniciativa propia, a petición del Comité preparatorio o si diez presidentes autonómicos así lo solicitan.
Pese a estas disposiciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha convocado la Conferencia en todo el año 2023 ni en lo que va de 2024, a pesar de que 14 presidentes autonómicos y de ciudades con estatuto, incluyendo Aragón, presentaron una solicitud formal el 24 de noviembre de 2023. Entre los firmantes se encuentran los presidentes de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla.
A la falta de respuesta por parte del Ejecutivo central, se sumaron dos misivas enviadas por el presidente aragonés, Jorge Azcón, en diciembre de 2023 y enero de 2024, en las que reiteraba la necesidad de convocar la Conferencia. Posteriormente, el 24 de abril de 2024, las comunidades implicadas volvieron a exigir la convocatoria, pero tampoco obtuvieron respuesta.
La admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Supremo supone un nuevo avance en el proceso judicial, cuya resolución podría sentar un importante precedente sobre el cumplimiento de las obligaciones legales del Gobierno central en relación con la Conferencia de Presidentes.
