El Departamento de Sanidad de Aragón estima que la supresión del modelo Muface tendría un impacto económico de 150 millones de euros para la Comunidad. Este cálculo incluye 50 millones destinados a la prestación farmacéutica y 100 millones adicionales para cubrir la asistencia sanitaria en atención primaria.
La cifra corrige la estimación inicial, ofrecida el jueves, que solo contemplaba el gasto farmacéutico derivado de atender a los 45.500 funcionarios y familiares aragoneses acogidos al modelo de Muface.
Recientemente, el concurso para renovar el concierto de asistencia sanitaria de Muface para el periodo 2025-2026 quedó desierto. Las tres aseguradoras actuales del sistema (Adeslas, Asisa y DKV) decidieron no presentarse, argumentando que las condiciones económicas no eran viables.
El modelo Muface, con más de 50 años de historia, da cobertura sanitaria a más de 1,5 millones de funcionarios en España, de los cuales casi medio millón ya han optado por recibir atención en la sanidad pública.
Ante la falta de compañías interesadas, el Ministerio de Función Pública ha asegurado que utilizará los mecanismos legales previstos en la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar la continuidad del servicio. Estas incluyen la prórroga del actual contrato, que vence el próximo 31 de diciembre, por un mes adicional, y la obligación de las aseguradoras de medidas de mantener la prestación sanitaria «en las mismas condiciones».
La supresión de Muface obligaría al sistema sanitario aragonés a asumir la atención de millas de nuevos pacientes. Esto implicaría un esfuerzo importante tanto en recursos económicos como en la organización de los servicios asistenciales, ya que el modelo actual permite a los mutualistas elegir entre la sanidad pública y las aseguradoras privadas.
Con el futuro del modelo aún incierto, el Gobierno ha tratado de transmitir tranquilidad a los afectados ya los sindicatos, asegurando que buscará soluciones para evitar interrupciones en la atención sanitaria.
