El Ejecutivo aragonés ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula los requisitos de sostenibilidad y seguridad para los centros de datos, advirtiendo que su contenido podría paralizar inversiones estratégicas en la comunidad.
Riesgo de paralización de inversiones
El Gobierno de Aragón ha expresado su preocupación por el nuevo proyecto de Real Decreto que establece requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental para los centros de datos. Según el Ejecutivo autonómico, la normativa, tal como está redactada, podría poner en riesgo inversiones que superan los 54.000 millones de euros, afectando gravemente el desarrollo de un sector clave para la economía aragonesa y española. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha subrayado que la norma podría comprometer la competitividad de España frente a otros países europeos, afectando la capacidad de Aragón para atraer inversiones en un momento en que la economía digital está en auge.
Cuestionamientos sobre la normativa
Las alegaciones del Gobierno aragonés identifican varios puntos críticos en el proyecto normativo. En primer lugar, se cuestionan los requisitos energéticos establecidos, que podrían resultar prácticamente imposibles de cumplir con las tecnologías actuales y la configuración del sistema eléctrico español. Además, el Gobierno considera que la norma excede su alcance legal al introducir limitaciones que deberían ser abordadas mediante una ley. También se alerta sobre los efectos retroactivos que podría tener la norma en proyectos ya aprobados, generando incertidumbre jurídica y aumentando el riesgo de litigios.
El Ejecutivo aragonés ha solicitado una revisión integral del texto para asegurar que se respete la proporcionalidad y la seguridad jurídica, así como para evitar que la nueva regulación se convierta en una prohibición de facto del sector. En un contexto donde España se posiciona como un polo atractivo para la economía digital, el Gobierno de Aragón defiende la necesidad de un marco regulatorio que fomente la inversión y el desarrollo tecnológico en la comunidad.
Esta situación plantea un debate crucial sobre cómo equilibrar la sostenibilidad con la viabilidad económica en un sector que se considera esencial para el futuro tecnológico de Aragón y de toda España.
