La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha denunciado que una reciente sentencia judicial ha confirmado que la alcaldesa Natalia Chueca ha vulnerado los derechos fundamentales de los concejales socialistas al limitar su acceso a información esencial para el ejercicio de su labor de oposición. Este fallo, que afecta directamente a la transparencia en la gestión municipal, pone de manifiesto lo que Ranera califica como un «oscurantismo» en la administración local.
La sentencia y su impacto en la oposición
La sentencia se refiere específicamente a la falta de acceso a información sobre el spa de Ranillas, pero Ranera ha ampliado su crítica a otros proyectos relevantes para Zaragoza, como la remodelación de la Romareda y las obras del Huerva y el Tiro de Pichón. Según la portavoz socialista, esta situación impide que los concejales ejerzan su función de fiscalización de manera efectiva y plantea serias dudas sobre la gestión de recursos públicos.
Ranera ha expresado su frustración ante lo que considera una práctica reiterada de falta de transparencia por parte del Gobierno de Chueca, afirmando que «ya vale con tanto oscurantismo». La portavoz ha reiterado que el acceso a la información no es un asunto secundario, sino una condición esencial para garantizar un buen gobierno y una oposición efectiva.
Posibles recursos y próximos pasos
A pesar de la victoria en los tribunales, la sentencia también plantea que los concejales deben concretar los documentos solicitados, lo que ha llevado al PSOE a estudiar un posible recurso. Ranera ha destacado la dificultad de identificar documentos específicos sin haber tenido acceso previo a la información, lo que podría complicar aún más la situación.
La portavoz socialista ha cuestionado los motivos detrás de esta falta de transparencia, sugiriendo que el Ayuntamiento podría estar ocultando información crucial. «La primera pregunta es qué está escondiendo este Ayuntamiento», ha afirmado, instando al Gobierno de Chueca a facilitar el acceso a la documentación necesaria para que los concejales puedan cumplir con su deber de controlar la gestión pública.
Esta situación no solo afecta a los concejales, sino que también tiene implicaciones directas para los ciudadanos de Zaragoza, quienes tienen derecho a conocer cómo se gestionan los recursos públicos en su nombre. La falta de información podría limitar la capacidad de los representantes electos para defender los intereses de la ciudadanía y ejercer un control adecuado sobre el Gobierno local.
Esta información se ha elaborado a partir de una comunicación remitida a Diario Aragonés y ha sido editada y revisada por la redacción. Fuente: PSOE Zaragoza.